El profesional había viajado al exterior en el mes de marzo, de donde volvió el 19 de marzo pasado y, pese a que había reportado su caso al numeral 154, donde comunicó que tenía síntomas del Covid-19, no guardó la cuarentena obligatoria.
Con ello expuso a la infección a varios compañeros de trabajo y a otros, en varios lugares, conforme a la imputación fiscal.
La fiscala Nilsa Torales presentó la imputación y pidió la prisión preventiva del profesional de la salud ante el Juzgado Penal de Garantías.
La investigación penal iniciada luego de que el caso había sido denunciado públicamente a través de medios de comunicación da cuenta de que el anestesiólogo salió de su domicilio en dos oportunidades y participó de una cirugía en el sanatorio privado de la capital del Departamento de Amambay.
La cuarentena obligatoria fue establecida por decreto presidencial el 13 de marzo pasado. Ritter arribó al país seis días después.
En ese entonces, las autoridades del Consejo de Defensa Nacional aún no habían establecido los albergues donde actualmente se envían a todos los compatriotas que arriban al país del extranjero, sino que sólo había una recomendación para que los reportados queden en sus domicilios, para evitar propagar la infección.
No respetó. Según la imputación, Ritter hizo caso omiso al decreto presidencial, acorde a la investigación fiscal, e ingresó al centro médico sin tapabocas, y no respetó las otras medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno.
Para ese tiempo, ya había reportado el decaimiento de su salud a la central 154, señalando que era posible paciente con Covid-19, añade el escrito.
Todos los que tuvieron contacto, de alguna manera, con el anestesiólogo, fueron enviados a cuarentena, en consecuencia.
Más adelante, el profesional tuvo que ser trasladado en una ambulancia a un centro asistencial de Central, donde quedó internado. (EM)
