A pesar de que distintos representantes del Ministerio de Salud, Dinavisa, INAN, entre otros, cuestionaron las medidas y advirtieron sobre la peligrosidad de estos productos, estas empresas siguen operando sin que la máxima instancia judicial se expida sobre la cuestión de fondo, según denuncias de la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos (Caimpeco).
Los datos oficiales de las importaciones indican que las empresas siguen operando en la importación de estos productos, valiéndose de recursos de amparo promovidos ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
EMPRESAS. En el caso de las empresas Bega Import-Export y Vargos SA, las firmas siguen operando a pesar de contar con medidas cautelares que ya no están vigentes, las cuales fueron otorgadas por resoluciones de ministros que ya no integran la Corte Suprema de Justicia, como Miryam Peña y Óscar Bajac.
Los registros de importaciones señalan que entre los años 2019 y 2023 la firma Bega Import-Export importó productos por valor de USD 83.176.168, mientras que Vargos SA alcanzó la cifra de USD 24.278.945 en este mismo periodo.
Otra firma que realizó millonarias operaciones es GAFA SA, cuyas importaciones llegaron a USD 10.614.839. En el caso de Taskin SRL, la suma es de USD 563.917; L.A. Business SA, USD 5.354.184; GGG Import-Export SA, USD 122.077, y Arimpar SA, USD 499.
Tomando en cuenta, las importaciones del sector realizadas este año, tanto Bega Import como Vargos SA, se ubican entre las firmas con mayor volumen de ingreso de mercaderías en los primeros meses del 2024.
SIN RESPUESTA. Representantes de la Caimpeco se reunieron el pasado 21 de febrero con el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, para manifestarle la preocupación por la importación irregular de las empresas. El funcionario aseguró que se está analizando la situación junto con otras instituciones y prometió una respuesta en la brevedad posible. No obstante, los empresarios señalan que aún no tienen novedades.
ALIMENTOS. Recientemente, la Sala Constitucional de la Corte hizo lugar a una acción impulsada por la empresa LA Business, por medio de la cual le permiten importar alimentos y bebidas sin necesidad de contar con el registro sanitario exigido por el Código Sanitario. El Ministerio de Salud advirtió sobre los riesgos que esto representa para la salud.
