Varios sindicatos y organizaciones de funcionarios organizados del sector público empezaron a movilizarse contra el proyecto de modificación de la ley de la función pública, que promueven los senadores de la bancada de Patria Querida. Los estatales no están de acuerdo con los cambios que ponen énfasis en el control periódico de los funcionarios, su preparación, pero por sobre todo, el punto sensible es que los que entren a trabajar al Estado no logren la estabilidad en el período que actualmente se contempla.
Primeramente los proyectistas, entre ellos el senador Stephan Rasmussen, consideran que con la modificación del art. 19 de la ley vigente, todos los que entren sin concurso público, deben ser considerados contratos nulos.
La respuesta de los estatales fue inmediata y en una nota dirigida al presidente del Congreso Nacional, senador Silvio Ovelar, representantes de ocho sindicatos consideran que es necesaria la reforma de la ley de la función pública, pero creen que ningún cambio debe tener “tinte populista”, en directa alusión a la propuesta patriaqueridista.
“Estamos convencidos de que la ley debe ser reemplazada o reformada por una nueva normativa, acorde a las necesidades actuales, pero esto deberá alcanzarse mediante un proceso serio, y evitando a toda costa imprimir inclinaciones políticas de tinte populista”, sostienen.
Otra de las principales propuestas de modificación tiene que ver con la antigüedad para adquirir la estabilidad laboral. El documento habla de subir de 2 años como actualmente se contempla, a 10 años.
También figura que, en “los responsables del nombramiento de funcionarios públicos o de contratación de personal, y los responsables del pago de remuneraciones a dichos funcionarios públicos o personal contratado tendrán la obligación personal, indivisible, imprescriptible e irrevocable de devolver al Estado todas las remuneraciones abonadas, cualquiera sea la naturaleza o denominación de estas, en caso que dicho ingreso a la función pública se realizase sin concurso público de oposición”.
Solicitud de aplazo. Por todo lo expuesto, los sindicatos de funcionarios piden la suspensión del tratamiento en plenaria, hasta tanto no se conforme una mesa de trabajo interinstitucional, de acuerdo a la Resolución N° 200/2019 de la Secretaría de la Función Pública del pasado 12 de abril.
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