La movilización de algunos sectores ciudadanos hartos e indignados ante la corrupción en la clase política y especialmente en el ámbito del Poder Legislativo ha logrado que en los últimos meses sean expulsados o se hayan visto forzados a renunciar varios legisladores que hasta entonces se consideraban prácticamente inamovibles, al sentirse protegidos por los miembros de una rosca política en el poder.
El hartazgo de la población ante las continuas publicaciones y las denuncias periodísticas, ejerciendo derechos básicos en movilizaciones públicas y jornadas de escrache, ha hecho posible que personajes como el senador Óscar González Daher (ANR), Jorge Oviedo Matto (Unace), Víctor Bogado (ANR) y el diputado José María Ibáñez (ANR) sean echados o forzados a renunciar ante escándalos de corrupción que llegaron a los estrados de la Justicia.
Actualmente, sin embargo, existen otros doce parlamentarios que están en la mira del Poder Judicial y la Fiscalía, tal como lo ha señalado ayer un informe especial publicado por este diario. De esa lista, se encuentran con procesos judiciales: Ulises Quintana (ANR), Javier Zacarías Irún (ANR), Tomás Rivas (ANR), Carlos Portillo (PLRA), Teófilo Espínola (PLRA), Milciades Duré (PLRA) y Enzo Cardozo (PLRA); mientras que se encuentran en fase de ser investigados: Dionisio Amarilla (PLRA), Miguel Cuevas (ANR), Rodolfo Friedmann (ANR), Justo Zacarías (ANR) y Rocío Abed (ANR). A ello hay que sumar al diputado Carlos Núñez Salinas (ANR), quien logró ser blanqueado en un caso de contrabando, con la ayuda de miembros de la Corte Suprema de Justicia.
De todos estos casos emblemáticos, el más actual es el del senador liberal Dionisio Amarilla, quien a varios otros hechos cuestionados en su trayectoria política, entre ellos una denuncia por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias presentada por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, suma una reciente acusación de estar involucrado en otro presunto caso de tráfico de influencia, al aparecer vinculado a una operación para intentar detener publicaciones sobre un supuesto negociado con una millonaria licitación en el IPS, incluyendo un presunto intento de soborno a un periodista.
Ante esta situación, está pendiente de tratarse el pedido de pérdida de investidura de Dionisio Amarilla como senador, reclamado tanto por un grupo de legisladores como por la cúpula de su propia organización política, el Partido Liberal Radical Auténtica (PLRA), y por la Comisión de Escrache Ciudadano.
Ahora el cartismo, una vez más, se ha adelantado a Colorado Añetete y ha expresado su determinación de apoyar la pérdida de investidura del senador Amarilla.
Estos resultados demuestran que es necesario que los sectores ciudadanos que luchan contra la corrupción y contra la impunidad no decaigan en sus esfuerzos y sigan movilizados para expresar la indignación y el descontento. También es importante que más sectores de la ciudadanía superen la apatía y la indiferencia y se sumen a la lucha colectiva por defender y fortalecer la democracia, reclamando mayor transparencia. Es importante y necesario seguir limpiando de indeseables el Parlamento, al igual que de otras esferas del Estado.
