Editorial

Hay que dejar de premiar a los "correlí" y fortalecer servicio civil

Hace tan solo una semana nos sorprendió la noticia de subrepticios aumentos de salarios en el Ministerio de Agricultura y en la Subsecretaría de Estado de Tributación. La investigación iniciada a partir de esta denuncia rindió sus frutos y gracias a ellos se sabe ahora que los aumentos salariales otorgados directamente por el Congreso afectaron a 35 instituciones, la mayor parte del Poder Ejecutivo. Es inaceptable que los políticos sigan premiando a sus privilegiados en un país con un Presupuesto de Gastos deficitario y donde las instituciones no prestan servicios eficientes.

Los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y los de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) no han sido los únicos privilegiados que recibieron aumentos salariales por parte del Congreso y a espaldas del Ministerio de Hacienda. Según un informe de esta cartera, los reajustes otorgados beneficiaron a 2.123 funcionarios permanentes con cargos administrativos en 35 entidades.

Los mayores reajustes a funcionarios se dieron en el Ministerio de Salud Pública, institución en la que 537 personas recibieron incrementos directamente desde el Congreso. En segundo lugar aparece el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con 376 variaciones en el anexo de personal; y cierra el podio el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), con 276 subas registradas.

Es más que evidente esta burla de los parlamentarios, que hicieron una jugada que beneficia a unos pocos y pone en un serio riesgo las finanzas públicas del país.

Estos aumentos se han otorgado de una manera arbitraria y tendrán sin lugar a dudas un grave impacto en el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN).

Como es sabido, los salarios de los funcionarios del sector público tienen un gran peso en el Presupuesto. La cantidad de cargos vigentes para este año alcanzan los 301.926. O también se puede formular de otra manera: nuestro país cuenta para este 2019 con un total de 301.926 funcionarios que trabajan para el Estado, o por lo menos lo deberían hacer. Lo que nos lleva a otra reciente publicación de ÚH, sobre la hija de un ex diputado colorado quien contratada como funcionaria de la Cámara Baja en junio del 2010 y que en pocos meses logró su nombramiento, y con un salario de 7.200.000 de guaraníes mensuales, no acude a su lugar de trabajo desde hace seis meses. La funcionaria se escuda en certificados médicos, que se renuevan cada 30 días, según dispuso su médico siquiatra.

Las instituciones del Estado tienen que dejar de ser un botín político, y se debe dejar de repartir los cargos para pagar las deudas partidarias. Las instituciones del Estado paraguayo, con sus más de 300.000 funcionarios, tienen la función de proveer servicios eficientes y darle al pueblo paraguayo mejores condiciones de vida.

Mientras no se respete la voluntad de los mandantes, de quienes con sus impuestos mantienen a 301.926 funcionarios, seguiremos teniendo en la función pública a una frondosa colección de amantes, niñeras, amigos y correligionarios de políticos inescrupulosos. Eso es inaceptable.

Como es inadmisible seguir manteniendo un elefante blanco gigantesco como el que tenemos que mantener con nuestros impuestos. Y es vergonzoso que desde el Parlamento se haya intentado burlar al Presupuesto General de Gastos, sobre todo teniendo en cuenta que la gestión pública no satisface las expectativas ciudadanas. Sin la carrera de servicio civil seguiremos padeciendo la ineficiencia y la falta de compromiso de los funcionarios.

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