“Preocupa, porque el escenario regional está un poco agitado, y lo bueno es que no quieran aprovechar (algunos grupos) la marcha que tiene reivindicaciones normales cada año”, señaló.
Manifestó también que se trata de una marcha atípica, ya que en marzo de cada año suelen llegar a la capital con sus reclamos de siempre, pero que escuchó hablar de que algunas de las solicitudes son de muy difícil cumplimiento, como “la no entrega de Itaipú”.
“Llama la atención que personas relacionadas a líderes, como Sixto Pereira, Luis Aguayo y Elvio Benítez, acompañaron el lanzamiento de esas movilizaciones. Así como se avizora, no es simplemente la FNC la que estará en la manifestación. Estos últimos son luchadores en el sector, no violentos. Pero preocupa que se quieran cerrar rutas”, destacó.
El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, manifestó por su parte su apoyo al campesinado en las reivindicaciones, pero criticó la manera en que normalmente se suelen realizar las manifestaciones de este sector.
“No estoy de acuerdo con ninguna movilización violenta, me parece que los campesinos tienen todo el derecho de manifestarse y también apoyo muchas reivindicaciones que ellos están pidiendo, pero critico la forma de manifestarse. Creo que todos tenemos el mismo derecho; no pueden cerrar la ruta, por qué no se ponen al costado de la ruta y ahí hacen su manifestación”, expresó.
Criticó la no intervención del Gobierno en el bajo precio que se ofrece al productor campesino. Para Villasanti, hay una especulación de precio por parte de los grandes comercios. “No pueden ellos (los productores) tener que vender un tomate a G. 2.000 el kilo; ese precio no salva ni la compra de su galleta, mientras que el tomate está vendiéndose a G. 10.800 el kilo en los supermercados, eso es especulación. Todos los productos; la papa que van a tirar porque no vale nada; la mandioca que no se entiende cómo van a vender a G. 180 el kilo”, expresó.
Héctor Cristaldo, de la UGP, dijo por su parte que si la consigna es protestar porque aplican la ley a los que la violan este no es el camino correcto. “En una sociedad la convivencia está marcada por la igualdad de todos ante la ley y el estado tiene la obligación de dar resguardo a quienes trabajan”, sostuvo.
