El programa Hambre Cero se convirtió en un foco de disputas políticas desde su creación en 2024, pero la verdadera batalla por el millonario botín se libra dentro del propio Partido Colorado, en plena temporada electoral y con la mirada puesta en las elecciones generales de 2028.
La Ley Nº 7264/2024 que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar –conocido como Hambre Cero– fue aprobada en medio de protestas por los recortes que implicaba para otros programas sociales, como el arancel cero en las universidades. Posteriormente surgieron reclamos de los intendentes y, tras una negociación política, los recursos terminaron en manos de los gobernadores.
No obstante, quedaron excluidas las gobernaciones de Central y Presidente Hayes, así como la Municipalidad de Asunción. En estos casos, la administración de los fondos de alimentación escolar quedó a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
Aunque el oficialismo justificó la decisión con supuestos indicios de corrupción, fue evidente el bloqueo al gobernador liberal Ricardo Estigarribia, quien recuperó la Gobernación de Central en las últimas elecciones generales del 2023 tras ganar notoriedad como intendente de Villa Elisa.
desembolsos. En el primer año de implementación del programa Hambre Cero, los gobernadores recibieron más de G. 890 millones provenientes de los excedentes de energía de la binacional Itaipú vendidos al Brasil.
Sin embargo, no tardaron en surgir denuncias de negociados, distribución de alimentos en mal estado y exclusión de escuelas del programa.
Al cierre de 2025, los desembolsos a las gobernaciones ya superaban el billón de guaraníes.
Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, la Gobernación que más recursos ha recibido ha sido la de Alto Paraná con un total de G. 166.057 millones.
Le sigue la Gobernación de San Pedro con la suma de G. 149.668 millones del programa Hambre Cero, luego la Gobernación Caaguazú con el monto de G. 133.012 millones, y la Gobernación de Itapúa con G. 101.328 millones.
La Gobernación de Canindeyú recibió por Hambre Cero un total de G. 74.759 millones, la Gobernación de Concepción G. 65.844 millones, la de Caazapá 55.918 millones, la de Ñeembucú G. 53.112 millones, y la de Paraguarí G. 51.125 millones.
Más atrás figura la Gobernación de Cordillera con recursos de Hambre Cero por G. 46.724 millones, la Gobernación de Amambay con G. 46.540 millones, la de Boquerón con G. 34.701 millones, Misiones con G. 18.754 millones, y Alto Paraguay 13.253 millones.
Exclusión. Los cuestionamientos de la oposición no tuvieron mayor eco en la agenda del oficialismo hasta que el senador Silvio Beto Ovelar destapó la olla tras el escándalo generado por la lujosa fiesta de 15 años de la gobernadora colorada cartista de Concepción, Liz Meza.
El legislador colorado oficialista impulsó un proyecto de ley que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y que plantea excluir a la Gobernación de Concepción de la administración de los recursos de Hambre Cero.
La misma iniciativa alcanzó al gobernador colorado cartista de Alto Paraná, César Landy Torres, quien mantiene una fuerte rivalidad con el clan Zacarías.
Ambos gobernadores pertenecen al movimiento cartista y el proyecto avanzó en el Congreso, mientras el líder del Partido Colorado, Horacio Cartes, se recuperaba de una repentina internación en terapia intensiva.
La Cámara de Diputados aún debe analizar la propuesta, mientras ya se mencionan posibles sanciones para otras gobernaciones, como las de Caaguazú o Paraguarí, donde surgieron denuncias de despidos y presuntos maltratos a funcionarios que no responden a la línea política de las autoridades departamentales.
En este contexto, la Junta Departamental de Central aprobó un proyecto que insta al Congreso a incluir a la Gobernación en la administración del programa, de manera a recuperar el control de estos recursos.
Los diputados opositores Adrián Billy Vaesken y Jorge Ávalos Mariño adelantaron que no acompañarán el proyecto que excluye a gobernaciones de la gestión del programa.
Ambos señalan que la iniciativa responde a una disputa interna del Partido Colorado y podría convertirse en una medida que termine frenando investigaciones más profundas sobre hechos de corrupción.
Proponen atacar la pobreza como problema de raíz
Para el senador Rubén Velázquez (Yo Creo), el programa Hambre Cero tiene una buena finalidad que no llegó a cumplirse, ya que considera que se tergiversó con un propósito político.
“Hoy en día se volvió un botín económico muy importante el programa Hambre Cero, esto hace que los distintos gobernadores se conviertan en posibles candidatos a senadores, ahí hay una disputa por los recursos, lastimosamente se politizó el programa y no está cumpliendo con la finalidad y el propósito de la alimentación digna y adecuada de nuestros niños para que puedan estudiar mejor”, cuestionó el legislador opositor.
Este señaló que escucha en los pasillos del Congreso que la exclusión de gobernaciones es utilizada para debilitar figuras que aspiran a competir por una banca en la Cámara Alta.
Propuesta. El senador Velázquez mencionó que buscará plantear una nueva propuesta para excluir a gobernaciones que no están cumpliendo con el objetivo.
En ese sentido, atribuyó la responsabilidad a la Contraloría General de la República (CGR) la realización de una auditoría de gestión para determinar irregularidades y tomar decisiones con base en estos resultados.
“¿Hoy, cuál es el mecanismo de exclusión?, sencillamente rivalidad política, y eso está mal. Hay un criterio político, no hay un criterio serio, no hay un criterio técnico, no hay un criterio razonable en este caso”, expresó.
La Cámara de Diputados tiene pendiente el estudio del proyecto de ley aprobado en el Senado que excluye a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná de los recursos del programa Hambre Cero y otorga la administración al Ministerio de Desarrollo Social.
