El arquitecto Luis Villalba, ex director de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Asunción, explica que la Franja Costera Norte, que incluye la Chacarita, tiene un plan regulador específico, con el uso de suelo totalmente definido.
Dicho plan fue aprobado y promulgado por la Junta y el Ejecutivo Municipal en la década de los 90 y contemplaba la urbanización de ambas franjas costeras, ya que incluye el Bañado Sur, Tacumbú y otros sectores de la ribera.
“En el plan están definidas las relocalizaciones de los pobladores, áreas para el desarrollo inmobiliario, grandes áreas verdes y lo que ya está construido hoy, que es la avenida Costanera. Esto ya data de los años 90; es decir, lo único que se concretó fue la Costanera, que es una avenida que es eminentemente paisajística y el Parque Bicentenario”, expone.
Así y todo, la avenida dejó los barrios de la ribera “como en una palangana”. Por lo que la solución técnica planteada fue el refulado; el relleno que conlleva un proceso técnico que incorpora cemento para dar compactación más fuerte.
Es que en esa zona el río recupera su territorio. Y la idea era sobreelevar esas 65 hectáreas que están inmediatamente después al Parque Bicentenario y destinar al desarrollo inmobiliario.
“Esas 65 hectáreas se habían planteado para un desarrollo inmobiliario de cierto nivel: hoteles, grandes teatros, etc. Es la zona más atractiva para cualquier desarrollador inmobiliario, por la proximidad con el centro de Asunción; e inclusive, se planteaban viviendas para funcionarios públicos”, rescata un promisorio proyecto del Consorcio Bahía Asunción SA (Cobasa), que se presentó en 2014.
Recuerda que la propuesta para los chacariteños y los bañadenses era reubicación o indemnización, como con los que se fueron al barrio San Francisco, que tuvo lugar cuando encabezaba la Dirección de Desarrollo Urbano.
“Era el único proyecto que tenía dinero para soluciones sociales, era directamente reubicación o indemnización. Todo corría por cuenta de este consorcio”, recalca.
Pero “no se llegó a concretar” porque –según formula– lo que exige todo desarrollo inmobiliario es seguridad jurídica, ambiental y social.
“No hubo continuidad. Al perder esa administración todo se pasa a foja cero. Lastimosamente, nunca se ven los planes como políticas de Estado, sino solo como políticas de Gobierno que mueren al término de un mandato. No convenció al Gobierno municipal siguiente, entonces ya no se dio continuidad”, insiste.