Los aumentos salariales otorgados para docentes, médicos y funcionarios de la ANDE e INC obligan al Fisco a recortar los recursos para gastos no rígidos como la compra de medicamentos, la adquisición de kits escolares y la inversión en el colapsado sistema eléctrico. Esta afirmación fue hecha por la ministra de Hacienda, Lea Giménez, en una nota enviada a la Cámara de Diputados (ver facsímil).
En el documento, remitido minutos antes de la sesión extraordinaria donde se rechazó el veto presidencial al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018, la jefa del Equipo Económico explica que el Fisco se verá obligado a reducir los gastos de alto impacto social, en perjuicio del 40% de la población más vulnerable.
Recuerda que el PGN 2018 iniciará con un desfinanciamiento de USD 40 millones, lo que se agravará tras los últimos fallos de la Corte que dejaron sin efecto el IVA a las cooperativas y exigen la devolución del 100% del IVA a las agroexportadoras.
“El financiamiento del incremento del gasto rígido sectorial obligará al recorte de otros gastos no rígidos, como por ejemplo insumos y medicamentos que perjudicarán la calidad de vida de la población de clase media y de los sectores vulnerables”, manifiesta la nota.
A renglón seguido agrega: “De mantenerse el incremento adicional del 4% (a docentes) propuesto por el Congreso, se resentirán otros gastos no rígidos que inevitablemente afectarán a la calidad de la educación de las niñas y los niños de clase media y familias pobres, usuarias de los servicios públicos de educación (kits escolares, almuerzo escolar, subsidio a la gratuidad de la enseñanza media técnica)”.
Topes. No obstante, mediante un comunicado emitido ayer, Hacienda asegura que recién empezó el estudio del plan financiero. Este documento suele ser emitido en los primeros días de febrero y su fin es establecer un tope a los gastos que pueden realizar los entes estatales en cada uno de los programas o proyectos.
Señala que la decisión del Congreso obliga a aplicar duros topes a entidades cuyos programas se financian con impuestos, y que como el 93% del PGN es destinado a gastos rígidos, el margen para los topes es limitado.
Tras el rechazo del Congreso al veto presidencial, quedó firme el PGN sancionado por el Parlamento, que totaliza los G. 73,5 billones.
Los principales reajustes abarcan a docentes (16%), personal de Salud (8%), y a funcionarios de ANDE (G. 600.000) e INC (12%). Con esto, el déficit fiscal alcanzaría el 1,7% del PIB, por encima del 1,5% permitido por ley.
