Así lo mencionó en una presentación realizada ayer de tarde en la Expo 2022, acompañando al ministro de la cartera, Óscar Llamosas, con quien coincidió en solicitar la imperiosa postura de los gremios empresariales, para acompañar el pedido al Senado de que postergue el estudio del proyecto en cuestión.
Manifestó además que los USD 422 millones anuales constituirán aporte de impuesto “puro y duro” para mantener el sistema de equiparación de salarios y jubilaciones en el sector público, y que eso será creciente.
“Para cubrir el déficit de militares y policías, hoy el Estado pone USD 140 millones de impuestos; mientras que por la limitación de no usar ya todo el superávit, el Fisco debería aportar –con la eventual nueva ley– unos USD 62 millones”, especificó el viceministro.
Entre las condiciones bajo las reglas de juego al día de hoy, apuntó que los superávits acumulados terminan a mediados del 2026, y que desde ahí ya no habrá forma de contar con los recursos que se necesitarán para cumplir con los compromisos de la Caja Fiscal.
Preguntó cómo se financiará a partir ahí: “Con impuestos, como ya se está haciendo con los sectores de militares y policías; pero el costo de la implementación de la iniciativa a tratarse (eventualmente) mañana en Senadores, tendrá un gasto promedio anual de USD 277 millones. Si bien no se usó la palabra ‘equiparación’, en realidad, será eso: los jubilados llevarán el mismo salario que los activos”, sostuvo. Ofició de moderador el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira, quien coincidió con Manuel Riera, representante de la Asociación Rural del Paraguay, en que el problema de la Caja Fiscal no es del Estado, sino de los contribuyentes, con problemas urgentes y otros a mediano plazo, ya que es una bola de nieve que sigue creciendo, según dijo.
