En 1998, el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña motivó violentas protestas, que obligaron a la renuncia del presidente Raúl Cubas, y el acceso al cargo de Luis González Macchi, desde la presidencia del Senado. Llamativamente, esta crisis desembocó en un gobierno multipartidario, con un gabinete mixto donde convergían ministros de distintos signos políticos. Se logró una estabilización del país y la recuperación de una economía que venía en caída libre. Fue una crisis transformada en oportunidad.
Durante el año actual han proliferado las protestas contra las deficiencias y negligencia del Gobierno en la gestión de la pandemia, cuyo ejemplo más claro es la ínfima obtención de vacunas para inmunizar a la población. A la vez, la corrupción permitió la obtención de equipos e insumos a precios sobrevalorados, desde empresas que sacaron provecho de la crisis sanitaria. Recientes protestas reclamaron juicio político de las principales autoridades, sin asumir que esa medida llevaría a un vacío de poder, a ser ocupado por figuras tanto o más deterioradas que las actuales.
Por ello es oportuno revivir aquella experiencia de gobierno de consenso entre múltiples partidos. Al igual que en el caso de González Macchi, el presidente del Senado, Óscar Salomón, no inspira confianza. Si eventualmente tuviera que sustituir a Mario Abdo, necesitaría un gabinete de consenso. El actual presidente ya ha dado alguna muestra de pluralismo, al designar a figuras no ligadas al coloradismo.
Pero con eso no basta. Es necesario que el consenso sea lo más amplio posible, con figuras destacadas de la sociedad civil, de organizaciones empresariales y sindicales, exponentes de la cultura, líderes religiosos y funcionarios destacados de anteriores gobiernos.
La Conferencia Episcopal Paraguaya acaba de llamar a un diálogo nacional, en vísperas de la renegociación del Anexo C, del Tratado de Itaipú. Desde la ADEC, recordamos iniciativas similares del órgano rector del Episcopado, aun en tiempos de la dictadura, las cuales —a pesar de la persecución contra la Iglesia— marcaron rumbos. Ese diálogo debiera extenderse más allá de Itaipú, para abarcar todos los desafíos que afectan al país.
La sabiduría popular sostiene que toda crisis puede transformarse en oportunidad, y no en un freno permanente al progreso humano. Las crisis marcan el agotamiento de una situación que amenaza el bienestar de las personas y la solidez de las instituciones. Y esa oportunidad solo surgirá de un consenso amplio —no necesariamente unánime—, porque habrá quienes se aferren a sus privilegios.
Pero la urgencia es impostergable, antes de que el país se precipite en un camino sin retorno.
