El entonces presidente de la Junta Herminio Corvalán, señaló que fue el primer grito de libertad y que la presión ciudadana permitió que la Cámara de Diputados preste su acuerdo para intervenir la administración de Sandra McLeod, que con su marido, Javier Zacarías Irún, manejó la municipalidad por 17 años.
“Hoy estamos en un tiempo diferente, procurando llevar adelante con éxito el proceso que se logró, esa lucha tan fuerte que se tuvo ahora nos exige mantener la firmeza, la coherencia y el equilibrio para resolver los diferentes problemas que se presentan”, refirió el concejal.
“Logramos desterrar el mal y ahora estamos tratando de caminar y de enderezar lo que hace décadas está torcido. Hoy (ayer) es una fecha histórica. Hace un año que hemos logrado aprobar el pedido de intervención y va a depender mucho de la ciudadanía para sostener esto, porque al final el que define el destino de la ciudad son sus habitantes y no solamente las autoridades”.
Mencionó que esa misma ciudadanía también mantuvo al clan Zacarías durante mucho tiempo al frente de la comuna. “Pero hoy estamos felices y contentos, y estamos obligados a seguir construyendo, generando ideas, conciencia y rescatar definitivamente al municipio”.
Corvalán manifestó que son muchos los desafíos a superar. Recordó que Miguel Prieto tiene mucho trabajo por hacer y no es mucho lo que se puede pedir todavía teniendo en cuenta que esta en el cargo hace tres meses.
“Con luces y sombras estamos tratando de poner lo mejor y hacer caminar esto que hoy está gateando. Tenemos más luces que sombra, sabemos hacia dónde queremos ir, tenemos nuestro norte y se va a ir puliendo algunas cosas. Sé que podemos lograr y nos queda un año para sacar a flote la ciudad”, mencionó.
ANTECEDENTES. Para lograr este pedido de intervención se tuvo que modificar el reglamento interno de la Junta Municipal, que en 2015 elevó el número de la mayoría absoluta de 7 a 9 votos, atendiendo que son 12 ediles.
Entre las causales más graves de la solicitud de investigación se encuentra la estafa a contribuyentes por impuesto inmobiliario, además de malversación de fondos.
Este fue el segundo pedido de intervención aprobado por la Junta Municipal basado en 25 puntos. El primero fue en 2016 pero no se logró.
Presión
A diferencia del primero, el segundo pedido de intervención tuvo una fuerte presión social. Organizaciones juveniles y sociales se movilizaron, realizando escraches y marchas diarias hasta la residencia de los Zacarías.
Igualmente hubo mucha presión sobre los concejales para aprobar el pedido de intervención. Fueron meses de mucha tensión, con jornadas de protestas incidentadas.
En diciembre, el ejecutivo designó como interventora a Carolina Llanes, que estuvo al frente de la comuna por 2 meses.