Se trata de una normativa que permitirá a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) regular el precio de los medicamentos comercializados en territorio nacional.
Esta ley surgió luego del aumento desmedido de precios durante la pandemia.
Se permite que el sector público tenga mayor preponderancia que el privado en la fijación de precios.
Dinavisa tendrá bajo su responsabilidad fijar los costos de medicamentos comercializados en el país, los cuales deberán actualizar, periódicamente, tanto para la suba de precios máximos como para su reducción, mediante una comisión.