Los guardias fueron detenidos, junto al entonces director del penal Cristian González, y el jefe de seguridad Matías Báez, por la fuga de 70 internos considerados miembros del Primer Comando Capital y otros grupos criminales de frontera, el pasado 19 de enero.
Los funcionarios fueron imputados por liberación de presos, ya que los investigadores sostienen que tuvieron participación en la huida de los mismos.
La jueza López Sanabria indicó que debido a la gravedad del hecho por lo que fueron imputados, cuya expectativa de pena es de 7 años, no se puede otorgar a los detenidos medidas alternativas a la prisión, porque según mencionó, estos “podrían eventualmente obstruir datos relevantes que pudieran surgir de la investigación fiscal”.
Desde el Ministerio Público también reiteraron la necesidad de que los imputados estén con prisión preventiva mientras dure el proceso.
MANIFESTACIÓN. Debido a este revés que obtuvieron en la justicia, los familiares de los funcionarios preparan una movilización esta mañana frente al local del Poder Judicial, en la capital del departamento de Amambay.
La defensa de los funcionarios afirma que los mismos ya están detenidos hace más de seis meses guardando reclusión en el penal donde trabajaban como custodios y afirman que ya compurgaron la pena mínima establecida para el delito por el cual están procesados.