Con esta medida, dicha firma puede importar alimentos, bebidas, cosméticos y otros productos sin la necesidad de contar con registro sanitario. Ante esta situación, gremios empresariales presentaron un “Amicus curiae”. Se trata de una figura jurídica que permite a terceros ajenos a un litigio presentar información y argumentos ante un tribunal para ayudar a resolver un caso. Se traduce como “amigos de la Corte”.
Gremios. Joaquín González, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), informó que están varios gremios reunidos para tomar acción preocupados por la situación. “Además de las reuniones que ya hemos tenido con los ministros y las autoridades, hemos realizado la presentación de un Amicus Curiae con el que solicitamos a la Corte Suprema de Justicia revertir la medida cautelar concedida y exhortamos se ocupen de resolver el fondo de las acciones de inconstitucionalidad, rechazando las pretensiones de las empresas involucradas”, expresó.
Los gremios que firmaron la presentación de dicha figura jurídica presentada en el mes de setiembre son la Cámara de Alimentos y Bebidas (CABE), la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), la Cámara Paraguaya de Proveedores (CAPRO), la Cámara Paraguaya de Bebidas Alcohólicas (Capaba), entre otros gremios de empresas y profesionales.
González expresó que, en conjunto, todos los gremios que se han convocado ante esta causa, ya se han reunido tanto con los ministros, como con otras autoridades a exponer sus preocupaciones ante la situación.
“Hasta el momento no hemos tenido una respuesta que encamine a una solución definitiva a este caso y garantice el derecho a la salud de toda la población paraguaya, asegurando el ejercicio de funciones de las instituciones establecidas para el efecto como son el MSPBS, INAN, Dinavisa, DNIT y Aduanas”, lamentó.
Contexto. César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander fueron los ministros que firmaron la acción de inconstitucionalidad, no obstante, el único que emitió una opinión opuesta a la medida fue Santander.
Ante la obtención de esta medida cautelar ahora solicitan la misma acción de inconstitucionalidad las siguientes empresas; Borgaro SA, Pro Confort SA, Suntec Company SA, Real Service, Representaciones Company y P&D Import.
Con esta medida, pueden ingresar cualquier tipo de alimento ya sea para un infante, niño, adulto, sin ninguna documentación de los ingredientes del producto y si son nocivos o hasta fatales para la salud pública, cuando en el mundo existen casos de fallecimientos por contaminación alimenticia.
Una vez que ingresan al país, los alimentos se comercializan en hasta 60.000 puntos de venta siendo imposible el control de la comercialización arriesgando la salud pública de la población.
