El Poder Ejecutivo difundió ayer el Decreto 7604, por el cual el presidente Mario Abdo Benítez veta totalmente la Ley 6952/2022, que modifica los artículos 2 y 4 de la Ley 6706/2021, que establece un Régimen Transitorio de Aportación al Instituto de Previsión Social (IPS) dirigido a las empresas gastronómicas, eventos, hoteles, agencias de turismo, entretenimiento y ocio de todo el territorio nacional, a consecuencia del estado de emergencia sanitaria a causa del Covid-19.
Estos sectores solicitaron al Congreso extender el plazo para el pago en cuotas de los aportes obreros patronales hasta junio del 2023, solicitud que se contemplaba en esta ley que fue vetada por el Ejecutivo.
Esto indica que las empresas de los sectores mencionados debieron empezar a pagar los aportes atrasados a causa de la pandemia –cuyo plazo feneció legalmente el 30 de junio pasado– a partir de del mes de julio de este año.
La empresaria del sector gastronómico Arami O’Hara expresó toda su decepción y desazón por la decisión del presidente Abdo de vetar la Ley de Régimen Transitorio, en su cuenta de Twitter. “Finalmente @MaritoAbdo vetó totalmente la posibilidad de empresas formales de tener, al menos de lo que resta del 2022, la extensión del Régimen Transitorio”, se quejó.
Remarcó que las más afectadas son las empresas que cumplen, pero que precisan aún de “oxígeno” para subsistir tras la pandemia. Y remató con una frase contundente: “Es más importante la campaña, que legislar a favor de seguir formalizando”.
Gasto social aumenta 8% al cierre de julio
El gasto social de la Administración Central, al término del séptimo mes del año, registró un crecimiento del 8% con respecto al mismo periodo del 2021, con una inversión de G. 14,8 billones (USD 2.160 millones), según informó ayer el Ministerio de Hacienda.
El reporte indica que la prioridad fiscal de los servicios sociales, a julio, fue del 56% frente a los demás servicios de la clasificación funcional del gasto. Así, se puede observar que en los últimos diez años la prioridad fiscal al séptimo mes se mantuvo en promedio en un 55%.
En esta línea, la estructura del gasto social durante el periodo analizado se compuso principalmente en un 33% por recursos destinados al sector de educación; 25% al sector salud; y el 22% y 16% a promoción y acción social y seguridad social, respectivamente.
Entre las principales intervenciones se encuentra el servicio de atención integral en regiones sanitarias y hospitales de referencia, con una inversión de G. 1,4 billones; y la pensión alimentaria para adultos mayores, con G. 1,05 billones.
Por otra parte, el concepto de protección social a familias en situación de vulnerabilidad demandó una inversión de G. 263.000 millones; el subsidio denominado Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis) un total de G. 235.000 millones; y el plan de contención y apoyo a la salud unos G. 156.000 millones.
