Gremio de juegos de azar embarra licitación de apuestas deportivas

Conforme a publicaciones periodísticas del año 2007, el actual titular de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, Aníbal Salomón, llegó a evadir más de 3.000 millones de guaraníes en cánones no abonados por juegos electrónicos, lo que le obligó a cerrar su local, pero que lo volvía a abrir con otro nombre para seguir operando en la ilegalidad.

Fuentes cercanas revelaron que Salomón dirige el gremio sin tener ni siquiera un aparato de tragamonedas; sin embargo, cuestiona que la Conajzar llame a licitación para la explotación legal y regulada de las apuestas deportivas, señalando que el costo del pliego de base y condiciones es alto y que solo una empresa podría cumplir con los requisitos exigidos por la entidad de control del Estado, en la licitación.

La legalización del rubro introducido en el Paraguay con la licitación y adjudicación realizada en el año 2017 ayudó a transparentar las apuestas deportivas y que los impuestos provenientes del negocio puedan beneficiar a la población más vulnerable. Los recursos son distribuidos a la Dibén, que ayuda a la clase más desprotegida, gobiernos municipales y departamentales y el Tesoro Nacional.

La firma Daruma Sam SA es la concesionaria hasta el año 2023 en el Paraguay y ahora, ante un nuevo llamado a licitación, aparecen cuestionamientos de supuestos empresarios, con sospechosos antecedentes de evasión al pago de cánones hace algunos años.

Los antecedentes dan cuenta de que, antes de ello, algunos empresarios, como el caso del actual titular del gremio de juegos de azar, dejaban millonarias deudas al Estado, al cambiar las denominaciones de sus empresas, para seguir evadiendo al fisco. En el ámbito de las empresas que están operando legalmente y cumplen fielmente con el pago de los cánones, existe preocupación de que los juegos de azar sean manejados nuevamente por seudoempresarios y evasores vinculados con la ilegalidad.

En ese contexto, se supo que el gremio que actualmente cuestiona a la Conajzar fue fundado por un narcotraficante, que estuvo prófugo durante 28 años de la justicia israelí por la importación ilegal de heroína y operaba como un reconocido empresario del sector hotelero bajo identidad falsa. Yossi Ben Ari, alias Ron Gamliel o Don Rafael como era conocido en el ámbito hotelero, fue descubierto en Panamá, donde fue identificado por huella dactilar y extraditado a Israel.