14 mar. 2026

Gremio exige redoblar los controles a chatarreras para combatir contrabando

Instituciones responsables de reglar los diversos aspectos de este negocio no cumplen con sus labores en forma, permitiendo que el negocio ilícito goce de buena salud, en detrimento del Fisco.

31142507

Evidencia. Semirremolque lleno hasta el tope con chatarras y plásticos reciclados, fue retenido días pasados en Amambay.

archivo

El tráfico ilegal del cobre y aluminio es un negocio que estaría moviendo en negro alrededor de USD 60 millones cada año. Con esto, la evasión fiscal estaría cercana a los USD 20 millones, según datos extraoficiales de fuentes cercanas a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Es por ello, que desde la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (CISP), exigen a las autoridades encargadas de controlar las chatarreras que redoblen los esfuerzos para combatir este flagelo cuyos efectos pueden afectar directamente a la ciudadanía.

Pese a que señalan que los trabajos se vienen realizando por parte de la DNIT, -que recientemente retuvo en dos procedimientos de controles en ruta una incautación de más de 17 toneladas de chatarra, entre restos de cobre y aluminio, y más de 8 mil kilos de plástico reciclado, que estaban siendo transportados de contrabando hacia el Brasil-, la CISP alienta “a no bajar la guardia y obtener mayores resultados en el combate al contrabando de desechos, especialmente en la zona de Pindoty Pora, Canindeyú”.

Al respecto, el presidente de la Cámara, Carlos Mangabeira, señaló que además de la DNIT, existen otras instituciones que deben exigir el cumplimiento de las normas para un control más eficiente al rubro, tales como el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Ambiente, las Municipalidades, la Policía Nacional y otras.

Mangabeira explicó que la mayoría de los desechos son transportados en ruta con camiones pequeños, medianos y gran porte, por lo que los controles en ruta son fundamentales para evitar el traslado hacia el Brasil.

“Desde la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay, lo que nosotros solicitamos a las autoridades es que redoblen estos controles, específicamente en la zona de Canindeyú, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este”, precisó el titular del gremio.

FORMALIZAR. Además, mencionó que la principal medida que se debe emplear para garantizar el trabajo formal de los recicladores “es la formalización y una formalización que debe venir con el registro de todas las operaciones, que sean registradas como manda la ley. Que las empresas realmente realizan exportaciones a valores reales y de esta manera se pueda ir formalizando este sector”.

En ese sentido, puntualizó: “De esta manera, tendremos industrias nacionales fuertes y se puede dar una proyección y seguridad al trabajo, una garantía al trabajo a más de 25 mil familias que viven del reciclaje en el Paraguay”.

Manifestó que “el contrabando de estos materiales al Brasil lo que hace es generar riquezas en el vecino país y no en Paraguay, ya que es un producto estratégico, porque finalmente son materias primas que pueden ser transformadas nacionalmente, puede ser utilizada para dar ese valor agregado, con generación de mano de obra paraguaya y generando impuestos”.

Por último, Carlos Mangabeira resaltó que “en los últimos años, las industrias del sector, que están dentro de la cámara de sustentables, no han tenido crecimiento, pero sí ha crecido mucho más el sector informal”.

El tráfico y sus daños El tráfico ilícito de desechos de metales de Paraguay al Brasil es un problema grave que puede tener impactos ambientales y económicos significativos. El contrabando de metales es una actividad ilegal que implica evasión de impuestos y violación de reglamentaciones, así como el daño a los ecosistemas locales. Es importante que las autoridades trabajen juntas para combatir este tipo de actividad y proteger tanto el medio ambiente como la economía legal. El tráfico de metales al Brasil, como el cobre y el aluminio, es una actividad ilegal que puede tener consecuencias graves en múltiples niveles. Además de la pérdida de ingresos fiscales para los países afectados, el contrabando de metales puede estar relacionado con otros tipos de crímenes o delitos al amparo de organizaciones criminales bien estructuradas a ambos lados de la línea fronteriza.

Más contenido de esta sección
Para los investigadores de la Policía Nacional, la gavilla se estaba reagrupando presumiblemente para perpetrar un nuevo atraco contra una entidad financiera ubicada en Ciudad del Este.
El Tribunal de Apelación Especializado ratificó las penas de 8 años de cárcel para el ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa Burgos y de 6 años para el empresario Alberto Koube Ayala, a raíz del direccionamiento de licitaciones y del pago con una embarcación, según se probó en el juicio oral.
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso de casación, con lo que quedó firme la condena de 13 años de cárcel contra un hombre que mató a su vecino por una deuda de G. 40.000. El hecho se registró hace 24 años, el 21 de mayo del 2002, en Alto Verá, departamento de Itapúa. El condenado estuvo prófugo 22 años.
La jueza Ana María Esquivel, del Juzgado Penal de Garantías del Tercer Turno de Lambaré, resolvió ordenar la captura del conocido como “ujier viajero”, Heber Cardozo, por rebeldía, debido a que el imputado no se presentó para comparecer ante una citación en el caso conocido como mafia de los pagarés.
La audiencia preliminar para el caso del Operativo Berilo continuó hasta la tarde en los Tribunales ante el juez de Garantías Miguel Palacios. Las defensas siguieron con sus pedidos de extinción de la acción penal principalmente.