Según Moody’s, la calificación se basa en una combinación de factores observados a lo largo de varios gobiernos. Entre los ellos, destacan un crecimiento económico robusto, una mayor resiliencia y diversificación económica, y la implementación de una agenda de reformas que logró mejorar la fortaleza institucional y la gobernanza.
Sin dejar de lado la lista de carencias y desafíos que tiene el Gobierno, este hecho permite a Paraguay acceder a una disminución en el costo de financiamiento soberano. Además, contribuirá a la expansión de la base de inversores y la posibilidad de reducir también el costo de financiamiento para las empresas.
Al cierre del año también se debe mencionar otros aspectos importantes en los que se ha avanzado, como por ejemplo la primera emisión de bonos soberanos en guaraníes en el mercado extranjero lo que constituye un paso importante hacia la diversificación de las fuentes de financiamiento del país. Esta operación permitió al Paraguay acceder a fondos a largo plazo y a tasas de interés competitivas.
En materia de recaudación tributaria también se tuvo resultados muy positivos ya que la Dirección Nacional de Ingresos (DNIT) registró un aumento significativo en la recaudación de impuestos en el 2024. En noviembre pasado, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) recaudó G. 3,6 billones (USD 468 millones de USD), lo cual representa un crecimiento de 20,1% en comparación con el mismo mes de 2023, obteniendo G. 611.411 millones más (USD 78,4 millones) que en noviembre del año pasado.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que al cierre del 2024 la presión tributaria alcanzó 11,4% del PIB (lo que en términos nominales equivaldría a USD 5.928 millones) de acuerdo con la recaudación anualizada
La mayor recaudación de ingresos fue clave para seguir el camino a la convergencia fiscal para el 2026 y volver al 1,5% del PIB. El MEF prevé cerrar el 2024 con un déficit de 2,6% y reducir el déficit para el 2025 en 1,9% del PIB.
Reformas económicas. En el transcurso del 2024, el Gobierno impulsó varios proyectos económicos, algunos ideados en el gobierno anterior por lo que debieron de ser actualizados previamente, entre ellas se resalta la Ley de Organización Administrativa, a partir de la cual se busca, entre otras cosas, fusionar secretarias y otros entes donde se duplican funciones, tal es el caso del Registro Unificado Nacional, que unificó la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Asimismo, el Ejecutivo emitió el decreto de Ley de Compras Públicas que si bien ya fue elaborada en el Gobierno anterior, esta gestión decidió hacer correcciones y agregar detalles que fueron excluidos.
El Parlamento también sancionó la ley de servicio civil, la cual tuvo varias versiones, la última presentada a mediados del año y fue sancionada con modificaciones. La norma pretende establecer principios claros de transparencia, integridad y “meritocracia” en los cargos públicos; sin embargo, al reconocer la autonomía de cada Poder del Estado, estos en su reglamentación podrán regular el cumplimiento de la misma. De igual manera, el Legislativo modificó varios artículos respecto a los cargos de confianza y las sanciones por incumplir la ley.
Igualmente, se sancionó la Ley de Mipymes que busca establecer nuevas condiciones para beneficiar a las empresas de este sector, las cuales se caracterizan por emplear a gran parte de la población.
El programa de reformas termina con una muy importante, que a las pocas semanas de presentarse y en menos de 24 horas fue sancionada. Se trata del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS) y, entre otras cosas, establece que el plazo para el cálculo del haber jubilatorio pasa de 36 a 120 meses.
