El magistrado había decretado el embargo por la suma de USD 1.110.000 en contra del procesado RGD, a pedido del querellante adhesivo Alberto Antebi, para la eventual reparación del daño. Además, le impuso una contracautela al mismo por USD 150.000.
La defensa de González Daher invoca el artículo 50 inciso 13 del Código Procesal Penal, por supuesta parcialidad y falta de independencia del juez Duarte.
Explica que le “impuso una medida cautelar marcadamente equivocada, desproporcionada y no menos arbitraria”. Cita la supuesta rapidez inusitada del juez de admitir la querella, además de que no existió la debida comprobación de la solvencia del querellante para admitir el millonario embargo, y la contracautela.
Dice que hubo una interpretación “arbitraria y parcialista” de la medida cautelar, a más de creerle a la supuesta víctima de extorsión. Con ello, pide que el juez se aparte del caso, ya que quiere favorecer al querellante.
RGD está imputado por presunto quebrantamiento del depósito y extorsión.
