El evento, organizado por la Abogacía General del Estado, contó con unos 200 participantes de forma presencial y telemática, entre especialistas, académicos y representantes gubernamentales y de la sociedad civil.
Las plataformas digitales fueron invitadas, pero “prefirieron no participar”, según señaló el abogado general de Brasil, Jorge Messias, en la apertura de la audiencia.
El objetivo es recabar propuestas para proteger los derechos fundamentales en las redes sociales y construir mecanismos de responsabilización de las grandes plataformas por la integridad de la información que circula en ellas.
“Queremos una sociedad más segura y pacífica para todos los brasileños”, indicó Messias.
La audiencia pública, cuyas conclusiones se enviarán al Congreso y a la Corte Suprema, es una primera reacción del Gobierno a los cambios anunciados este mes por el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg.
Meta pondrá fin a su programa de verificación de datos independiente en Estados Unidos y flexibilizó su política contra las “conductas de odio” con el objetivo de “garantizar un mayor espacio a la libertad de expresión”.
El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su “grave preocupación” sobre este volantazo de Meta, que la prensa asocia a un intento de Zuckerberg de acercarse al nuevo presidente de EEUU, Donald Trump. EFE
