Según el texto, el ministro dispuso efectuar “una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado” durante la última dictadura militar (1976-1983), debido al hallazgo de “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.
El comunicado difundido por Cúneo Libarona agregó que el Ministerio “articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan” y perseguirá “la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.
El documento citó como ejemplo de irregularidad la causa abierta a Adrián Martínez Moreira, quien fue procesado en 2023 como organizador de una asociación criminal dedicada a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamaciones de reparación, además de otros delitos, como falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública en 62 hechos.
De acuerdo a información publicada por el Ministerio de Justicia en 2023 –aún bajo la gestión del peronista Alberto Fernández (2019-2023)–, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en esta causa en agosto de 2021, tras reunir información sobre estas maniobras fraudulentas.
Las compensaciones económicas concedidas por el Estado a las víctimas de la dictadura se incluyen en varias leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013 y se pagan una vez se prueba el daño en una causa judicial.
Tanto el presidente de Argentina, Javier Milei, como la vicepresidenta, Victoria Villarruel, negaron en varias ocasiones que haya 30.000 desaparecidos durante la dictadura.
En el caso de la titular del Senado, además, es impulsora de la reparación para todas las víctimas del terrorismo, como pidió el pasado 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia, cuando dijo que “los derechos humanos son para todos” y “la Memoria también”.
“Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del terrorismo. Los responsables de estos crímenes no pueden quedar impunes. No fueron 30.000”, escribió en su cuenta de X.
Tras la medida, la vicepresidenta Victoria Villarruel, cercana a los militares, llamó en sus redes sociales a “auditar el curro (negocio espurio) de los derechos humanos” y “revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron”. El ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, señaló en sus redes que el caso fraudulento que motivó la medida fue denunciado por su gestión, y consideró que la decisión del gobierno “es una estrategia para no dar respuestas a los expedientes actuales, dilatar las obligaciones del Estado, no reconocer a las víctimas del terrorismo de Estado y cubrir (con) un manto de sospecha a nuestra gestión”.
