Pasados dos meses del fallecimiento, dijo que “las autoridades de Paraguay destruyeron pruebas cruciales en el asesinato de dos niñas argentinas de 11 años a manos de las fuerzas estatales y violaron sus propios protocolos de investigación”.
Aseguró además que “el Gobierno paraguayo debe garantizar una investigación independiente, rápida, imparcial y transparente sobre los asesinatos”.
El director para las Américas José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, dijo que se debe realizar la autopsia a las menores y que la familia tiene que acceder a las pruebas.
“Cuanto más demore el Gobierno la exhumación, es más probable que se pierdan evidencias de los restos”, dijo.
La organización dictaminó como irregulares varios detalles, como el entierro apresurado de las víctimas “sin una autopsia” y la quema de las ropas de las menores fallecidas.
Aseguraron como erróneo el criterio de que una de las víctimas de 11 años había disparado un arma, basado en una prueba forense poco confiable. Dos médicos forenses sostuvieron que destruir las ropas violó el principio forense.
