09 dic. 2024

Gobernación compró combustible de firma inhabilitada

Sin permiso. Estación que surte a la Gobernación.

Sin permiso. Estación que surte a la Gobernación.

Una nueva compra de la Gobernación de Alto Paraguay aparece con serios indicios de irregularidades. Esta vez, por la compra de combustible por valor superior a los G. 660 millones en plena pandemia.

La compra se efectuó en virtud del contrato firmado en junio pasado, pese a la existencia de un dictamen del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) que suspendía a la firma de expendio de combustibles para operar.

De acuerdo con el contrato con ID 380263 de Contrataciones Públicas, el Ejecutivo departamental rubricó con la firma RDS SA, de Eligio Benegas, el contrato de compra de combustibles, pese a que la empresa se encuentra inhabilitada.

Datos proveídos desde las oficinas de Industria y Comercio dan cuenta de que la empresa, tras dos fiscalizaciones, ya no debía operar desde el mes de marzo. Según el informe, RDS SA no compró combustible de la distribuidora por más de 90 días, según lo corroborado tras la primera fiscalización del 10 de marzo de 2020. La segunda fiscalización del 10 de junio arrojó finalmente la cancelación con dictamen de Asuntos Legales el 29 de junio.

La provisión, según el contrato, es tanto para la Gobernación como también para la Junta departamental durante este periodo.

La suma total del contrato a la Gobernación le da derecho para disponer de combustible por valor de G. 440.131.355, mientras que en virtud de lo contratado, la Junta recibirá G. 221.279.230 del carburante. La suma da el total de G. 661.410.585.

Según se observa en la foto, el lugar que debe proveer del combustible a la Gobernación, presumiblemente está abandonado y operaba sin emblema alguno.

La administración del gobernador José Domingo Adorno se caracteriza últimamente por tener varios cuestionamientos. Cabe recordar que una de sus licitaciones, por la compra de una planta purificadora de agua está siendo investigada por Contrataciones Públicas, a raíz de que el contrato salió a favor de Sergio Castillo, hijo de Claudio Castillo, encargado de RRHH de la Gobernación e integrante del comité de evaluación del contrato.

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