EFE, AFP, AP y REUTERS
CARACAS, VENEZUELA.
El canal Globovisión de la red privada de televisión dijo ayer, tras ser notificada de una cuarta investigación oficial, que el Gobierno del presidente Hugo Chávez inició así el proceso para revocar la concesión de la frecuencia por la que emite.
“La situación es bastante confusa. Nos están notificando la apertura del cuarto procedimiento sancionatorio” en seis meses, “que se diferencia de los tres anteriores en que se busca determinar la responsabilidad penal (...), lo que daría pie a la revocación de la concesión”, declaró Ana Núñez, una de las abogadas de la emisora.
Núñez declaró a su mismo canal cuando recibía de funcionarios de Conatel, la oficina gubernamental de las telecomunicaciones -quienes se negaron a hacer declaraciones- unos documentos en lo que la abogada aseguró se informa del nuevo “procedimiento sancionatorio”.
“Esto es sumamente confuso y nos impide ejercer correctamente nuestra defensa (...); el oficio está completamente inmotivado, simplemente hace referencia a fechas y a programas, sin siquiera citar hora o contenidos de los presuntos delitos”, añadió.
Adicionalmente, agregó, “aun cuando nos notifican que están abriendo este procedimiento, anuncian que queda suspendido hasta tanto la jurisdicción penal determine si hubo delito”.
DELITOS PENALES. El asunto se produce once días después de que el ministro de Obras Públicas y titular de Conatel, Diosdado Cabello, anunciara que pidió a la Fiscalía que acuse a Globovisión de delitos penales.
Sin precisar esos delitos que habría cometido la emisora de línea editorial opositora a Chávez, Cabello dijo el pasado 5 de junio que las sanciones administrativas “no han sido suficientes”.
Ahora debe ser investigada “por la vía de la ley orgánica de telecomunicaciones” que prevé castigos penales, dijo y admitió que las medidas de las instituciones del Estado contra la emisora obedecía a un “tema de salud mental”.
Los directivos de Globovisión “se toman un frasco de veneno en la mañana, se lo dan a sus periodistas y esperan que el que se muera sea el pueblo, que se muera Chávez”, y ante ello, remarcó, se pidió “que sean las autoridades judiciales quienes determinen si hay la comisión de delitos” penales para aplicar el castigo respectivo.
“Hay quienes creen que el mejor salvoconducto que puede tener un delincuente es poner manos en un medio” para cometer hasta “delitos ambientales” y acaparan vehículos “en sus casas”, añadió Cabello en clara alusión al director-propietario de Globovisión, Guillermo Zuloaga.
En su condición de socio de concesionarias de vehículos, Zuloaga fue acusado el 4 de junio por la Fiscalía de “usura genérica” por el supuesto acaparamiento de automotores en una de sus viviendas.
TROFEOS DE CAZA. Esta fue luego allanada por segunda ocasión para retirar 200 piezas de animales disecados que Zuloaga tenía como trofeos de caza, y la Fiscalía dijo que determinaría “si existe o no algún hecho delictivo en la tenencia de animales disecados”.
Adicionalmente, la emisora recibió también entonces la notificación de multas impuestas por la oficina tributaria.
Una la obliga a pagar el equivalente a 2,35 millones de dólares “por concepto de impuestos no pagados” correspondientes a 2002-2003 y otra por 270.697 dólares por operar frecuencias no autorizadas, como lo determinó previamente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Chávez exigió el 28 de mayo pasado a Cabello y a los titulares del TSJ y de la Fiscalía actuar contra medios que a su juicio “envenenan” al país, o de lo contrario renunciaran a sus cargos.
FEDERICO RAVELL
El director de Globovisión, Federico Ravell (foto), afirmó que “transmite con exactitud” las quejas de los ciudadanos, por lo que “no puede modificar” la opinión “negativa” que sobre el Gobierno expresan en sus pantallas. Ravell pidio a Chávez, que si quiere cambiar esa percepción “negativa”, “solo tiene que escuchar las voces de la calle”.
INVESTIGACIÓN REQUIERE ACTUACIÓN PENAL
La oficina venezolana que regula las telecomunicaciones confirmó que inició un proceso que requiere de actuación penal y que podría concluir con la decisión de revocar la concesión de la frecuencia por la que emite Globovisión. “En caso de determinarse la existencia de la comisión de delitos, en ese momento reanudaremos el procedimiento administrativo (...) y se determinará la procedencia o no de la revocatoria de la concesión de Globovisión”, dijo a la emisora estatal de televisión VTV Roselyn Daher, consultora jurídica de Conatel, la oficina de las telecomunicaciones. Minutos después de informar del asunto a Globovisión, la funcionaria dijo a VTV que la emisora privada, de línea editorial contraria al Gobierno, eventualmente infringió el artículo 171 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Dicho artículo dice que, “sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar”, la emisora “que utilice o permita el uso de los servicios de telecomunicaciones como medio para coadyuvar a la comisión de delitos será sancionada con la revocatoria” de la concesión.
“Hay elementos suficientes que permiten presumir que Globovisión puede estar incursa en este artículo”, que por aludir a delitos compete a la Fiscalía, “que ya está actuando”, subrayó Daher.
OFICIALISMO CON 7,2 MILLONES DE AFILIADOS
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presidido por el mandatario Hugo Chávez, registró 1.531.674 nuevos inscritos entre mayo y junio, con lo cual el número de afiliados llega a 7,25 millones, anunció ayer martes Jorge Rodríguez, portavoz de la formación.
Según Rodríguez, director de organización del PSUV, las jornadas de inscripción celebradas desde el 7 de mayo al 14 de junio a lo largo de todo el país convirtieron al partido en el “más democrático de la historia” de Venezuela.
Las cifras de nuevos inscritos “superan con creces cualquier posibilidad de militancia de cualquiera de los partidos de la ultraderecha”, aseguró el responsable.
Según Rodríguez, un 45 por ciento de nuevos inscritos en el PSUV, nacido en el 2007, tiene menos de 28 años. “Contamos con la base juvenil más grande de partido político alguno”, se congratuló.
Recientemente, Chávez subrayó que con los nuevos inscritos “casi la mitad” de los venezolanos que pueden votar actualmente pertenece al partido.
Más de 16 millones de venezolanos, sobre un total de 27,5 millones de habitantes, tuvo derecho a voto en las últimas citas con las urnas.
El Estado venezolano es “absolutamente soberano” y no debe someterse a la justicia internacional salvo en casos excepcionales, decidió el TSJ de ese país.