19 abr. 2024

Gestores cobraron USD 18.000 por documentos falsos, según Pecci

Rueda la bola. El astro del fútbol mundial ya compartió un encuentro de fútbol con policías y políticos presos.

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Los gestores Santiago Medina e Iván Ocampos, que se presentaron ante el Ministerio Público el día jueves pasado, recibieron en total alrededor de USD 18.000 por tramitar y conseguir los documentos públicos de contenido falso, cédulas de identidad y pasaportes paraguayos, que portaban el ex futbolista Ronaldinho, su hermano Roberto de Assis Moreira, y el empresario Wilmondes Souza Lira, todos de nacionalidad brasileña, reveló ayer el fiscal Marcelo Pecci, durante el allanamiento realizado a una vivienda en el barrio Carmelitas, de Asunción.

El procedimiento fue realizado en simultáneo con otro ejecutado en la ciudad de Lambaré, en ambos casos a propiedades pertenecientes a la empresaria Dalia López Troche, artífice de la presencia en el país del astro del fútbol mundial y su posterior reclusión, junto con su hermano Roberto y Souza Lira, en la Agrupación Especializada de la Policía, imputados por uso de documentos públicos de contenido falso.

El objetivo de los agentes fiscales de la unidad especializada de Crimen Organizado, Marcelo Pecci y Alicia Sapriza en Carmelitas, y Federico Delfino y Osmar Legal, acompañados por Manuel Doldán, de la unidad de Asuntos internacionales, en Valle Apuá, Lambaré, era ubicar a López Troche, quien se erige en pieza clave para desenredar esta compleja trama de falsificación de documentos. La misma se encuentra imputada por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, y desde el pasado lunes tiene orden de detención con pedido de prisión preventiva. Su imputación y orden de prisión salió cuatro días después de haber estallado el escándalo de los pasaportes falsos del ex futbolista, su hermano y el empresario, y a una semana del hecho la misma sigue sin poder ser hallada por los investigadores.

Según Pecci, basado en declaraciones de los dos gestores que prometieron contar en detalle cómo gestionaron los documentos, sería esta mujer la que pagó los USD 18.000 por los pasaportes y las cédulas de identidad proveídos a los tres brasileños.

Previa a la detención de los dos gestores Medina y Ocampos, fueron detenidos Bernardo Guzmán Arellano Domínguez, funcionario de Migraciones; Cirilo Gustavo Amarilla Cañete, agente policial del Departamento de Informática de la Policía Nacional; y Vicente Javier Martínez Moreno. Estos tres formarían parte de la misma estructura criminal.

De acuerdo a las pesquisas de los fiscales encargados de la causa, Arellano Domínguez realizaba gestiones a extranjeros para obtener radicación paraguaya. Según estos datos, fue quien hizo los depósitos de G. 90.000.000 en el Banco Nacional de Fomento (BNF), en el mes de diciembre pasado, como garantía para iniciar los trámites de naturalización de los tres extranjeros, el ex futbolista, su hermano y el empresario.

De Amarilla Cañete, cuenta la Fiscalía que como funcionario policial de la parte de Informática utiliza sus contactos dentro del departamento para la diligencia de los documentos y adulteración de datos biográficos.

En cuanto a Martínez Moreno, se le atribuye el trabajo de conseguir ciudadanos paraguayos que soliciten la expedición de documentos personales en instituciones públicas hasta su obtención, pasar en su poder y entregarlos a otros miembros del grupo criminal para su adulteración y posterior uso.

Durante su comparecencia ante la jueza Alicia Pedrozo, dos de ellos denunciaron haber recibido amenazas. Por medida de seguridad, la jueza decretó la prisión preventiva de Arellano Domínguez y Martínez Moreno en el Penal Militar de Viñas Cue, mientras que Amarilla Cañete fue enviado a la Agrupación Especializada de la Policía.

Los fiscales intervinientes aseguran que están siendo investigadas más personas que formarían parte del esquema criminal montado para conseguir beneficios con la producción de documentos públicos con contenido falso, cuyo epicentro es el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, donde se sospecha que está montada una mafia de funcionarios dedicados a la producción fraudulenta de documentos, cuyas evidencias muchas veces ya se han hallado, aunque hasta la fecha las autoridades no han decidido desmantelarla.

Los procesados
Los procesados por este escándalo de documentos públicos de contenido falso son Ronaldo de Assis Moreira, su hermano Roberto de Assis Moreira, el empresario Wilmondes Souza Lira, todos ellos brasileños.
Además, están procesadas María Isabel Gayoso y Esperanza Apolonia Caballero, las titulares originales de los pasaportes que al final salieron a nombres anteriormente citados. Junto a ellas se encuentran imputadas las funcionarias de la Dinac Shirley Elizabeth Villalba Enciso y Rosa Carolina Miranda Argüello. También los funcionarios de Migraciones Jorge Rodrigo Villanueva Torales y José Gustavo Molinas Aquino.
Posteriormente fueron detenidos e imputados Bernardo Guzmán Arellano Domínguez, Cirilo Gustavo Amarilla Cañete y Vicente Javier Martínez Moreno. A estos se sumaron por último los dos gestores Santiago Medina e Iván Ocampos.
Los fiscales son Marcelo Pecci, Federico Delfino, Alcia Sapriza y Osmar Legal, de la unidad de Crimen Organizado.

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