Mientras la ciudadanía todavía se mantiene escéptica respecto a la imputación del gobernador de Central, junto con otras 15 personas, en el caso de las facturas clonadas, en lo que aparenta ser esquema montado para obtener dinero a través de obras fantasmas, aparecen nuevos motivos de preocupación.
El gobernador Hugo Javier González, actualmente imputado por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, dispone de USD 1 millón para mantenimiento y reparación de instituciones educativas, y otros G. 1.199 millones para salud.
Los millonarios fondos se encuentran en proceso de licitación pública, lo cual ha disparado las alarmas en medio del escándalo que salpica al gobernador cartista. La primera de las licitaciones ya fue adjudicada; se trata de la construcción, mantenimiento y reparación de instituciones educativas en el Departamento Central y el monto disponible es de G. 6.000 millones (alrededor de USD 1 millón). Los recursos deberán ser utilizados para compra de vallado perimetral, remoción de artefactos sanitarios, desmontaje de tejas, poda de árboles, fumigación, reparación y construcciones.
El detalle que ha generado sospechas respecto a las nuevas licitaciones es la presencia, entre los proveedores adjudicados, del ingeniero Óscar Morel Oses, quien ya fue imputado por el fiscal Rodrigo Estigarribia, en el marco de la investigación por clonación de facturas y otros procesos, que han puesto bajo la lupa la construcción de obras y transferencia de dinero a la Fundación Central Integral de Apoyo Profesional por parte de la Gobernación.
Otra parte del fondo que está en proceso de licitación es para la adquisición de medicamentos para la Secretaría de Salud Pública. Es en este rubro en que han aparecido dudas; como la expresada por el concejal Billy Vaesken, quien había denunciado que la clínica móvil, ubicada en el patio de la Gobernación, estaba abandonada, y estacionada en el lugar desde hace un año y ocho meses.
Llama sin embargo la atención que, en el último balance presentado por el gobernador colorado, figura que durante el año 2020 fueron utilizados unos 2.000 millones de guaraníes, lo que equivale a la totalidad de fondos destinados para el combustible. También se denuncia que la clínica móvil en cuestión se encuentra abandonada, pero supuestamente durante la pandemia estuvo operativa durante todo el año.
Tras largos debates y controversias, la Junta Departamental de Central había resuelto solicitar la intervención de la gestión de Hugo Javier, quien fue imputado junto con otras 14 personas por la clonación de documentos y otras irregularidades en el manejo de los fondos durante la pandemia. Ahora depende del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, enviar a la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República el pedido de intervención a la Cámara de Diputados.
No se debe permitir que componendas político-partidarias se inmiscuyan en este caso. Las autoridades electas por el voto popular deben administrar los fondos públicos de manera honesta y transparente; y su único compromiso debe ser lograr el bienestar de la población.
