Con un merecido destaque de la actuación de los actuales miembros del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho a la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y de la actitud digna y valiente de la alumna que denunció el acoso sexual y el esquema de proxenetismo montado en la institución para aprobar ciertas materias, la institución no se salva, de todos modos, de la indignación que provoca este nuevo escándalo que suma a su lamentable mala fama.
Era vox populi de cómo allí todos los alumnos de un curso pueden aprobar una materia “sacrificando” a una de sus compañeras para que, bajo la excusa de hacer “un pequeño sacrificio” por los demás, aceptara salir con cierto profesor.
Un perverso juego de oferta y demanda que encuentra suelo fértil en docentes y ayudantes o asistentes inmorales, dispuestos a valerse de su condición de tales para obtener beneficios sexuales acosando directamente a las alumnas o recurriendo a intermediarios (estudiantes también) para lograr su objetivo, a cambio de regalar calificaciones.
Profesores que no merecen llamarse tales, y futuros abogados que asustan por su propensión a tomar el camino torcido y a arrastrar, sin ningún escrúpulo, a sus pares, con tal de ir quemando etapas y concluir la carrera sin exigencia alguna.
Hablamos de un recurso sórdido al que echan mano para aprobar en masa una materia, lo que plantea una complicidad colectiva, y en el que, ¡cuándo no!, utilizan a las mujeres como objeto sexual o moneda de cambio. Dicho de otro modo, una suerte de proxenetismo universitario en el que, desafortunadamente, han caído algunas jóvenes. Si siendo aún estudiantes ya son tan inmorales, asusta pensar en cómo se conducirán cuando se conviertan en abogados, fiscales o jueces. No solo por lo ignorantes que serán, sino por lo corruptos que pueden llegar a ser en un ámbito donde se requiere una profunda conciencia ética.
Hay muy pocas posibilidades de que con “profesionales” así vaya a sanearse el sistema judicial paraguayo, tan prostituido.
Pero es aún más preocupante el constatar con qué naturalidad se da una adhesión colectiva hacia algo tan vil como pretender prostituir a una compañera para que un profesor sea “flexible” con todo el curso, y facilite a los alumnos salvar la materia a cambio de favores sexuales. O estar al tanto de los acosos sexuales hacia las compañeras, y guardar silencio cómplice. Algo imperdonable en quienes se espera tienen que procurar obtener justicia, en vez de apañar a delincuentes.
Por eso, cuánta decepción y tristeza produce comprobar el vacío de valores que presenta parte de la sociedad, lo que hace que sigan tan vigentes prácticas como el acoso sexual ejercido por los profesores, y estas modalidades que mantienen en Derecho UNA. La facultad que debería ser un espacio donde no solo se hable de justicia, sino se respeten los derechos humanos.
El caso interpela a las familias y a otras instituciones.
¿Cómo estamos educando a los niños y jóvenes? ¿Por qué muchos solo buscan la vía fácil, no conocen de sacrificio, rehúyen de toda responsabilidad y compromiso y consideran que cualquier medio es válido para alcanzar los fines?
La Facultad de Derecho necesita una profunda depuración. Hace años de esto. Pero impulsar un proceso así requiere de autoridades respetables y de más profesores decentes.
No es imposible. Hay esperanza desde el momento en el que surgen actitudes como la que adoptó la joven a la que sus propios compañeros pretendieron entregar a las pretensiones non sanctas de un seudoprofesor, quien, a propósito, ya no debería ser aceptado en ninguna institución educativa.
También por el actual Centro de Estudiantes que, a diferencia de lo que ocurría en otra época, no quedó de brazos cruzados ante las denuncias de acoso y otras prácticas irregulares e inmorales para obtener notas, decidió investigar y denunciar la situación.
