Los jueces de instrucción lo imputaron por “complicidad en la administración de una plataforma en línea por permitir una transacción ilícita, en banda organizada”, castigado con hasta 10 años de cárcel.
Entre los otros delitos imputados figuran el rechazo a cooperar con las autoridades en las intercepciones autorizadas por la ley y blanqueo de crímenes en banda organizada.
Los magistrados también lo investigan por “complicidad” en la distribución de imágenes de pornografía infantil, narcotráfico, estafa en banda organizada y asociación de malhechores para cometer delitos, entre otros. La compañía ya aseguró tras la detención que “cumple las leyes de la Unión Europea” y que “es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos”.
Telegram, que cuenta con 900 millones de usuarios, se ha posicionado como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses, criticadas por su explotación comercial de los datos personales de los usuarios.
La mensajería cifrada, que defiende la confidencialidad, desempeña un papel clave en el contexto de la ofensiva rusa en Ucrania. AFP