La fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), a la que destinó dinero la Gobernación de Central con fondos para reactivar la economía a causa de la emergencia sanitaria, no estaba habilitada para recibir desembolsos, porque incumplió –en otros rubros– la presentación de las rendiciones de cuentas en el tiempo estipulado, anteriormente.
La entidad gubernamental desembolsó un total de G. 5.105.600.000, que se había dado en cuatro cheques, para la construcción y mantenimiento de espacios públicos y para pavimentación asfáltica y empedrado, supuestamente; sin embargo, hicieron figurar que ese dinero se utilizó en obras que ya existentes.
Además, las trasferencias a entidades se deben hacer a través de depósitos en una cuenta del banco, pero la Gobernación emitió el pago a través de cuatro cheques, según confirmó la Fiscalía en la imputación.
Justamente en la Ley 6469, en la que se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2020, se estableció que todas las transferencias en concepto de aportes del Estado deben ser depositadas a las cuentas bancarias de las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, instituciones y comisiones vecinales.
Todas estas irregularidades se suman a la sospecha de los fiscales de que existiría un esquema que se montó dentro de la Gobernación del Departamento Central para obtener dinero por medio de proyectos de obras fantasmas.
INVOLUCRADOS. La Fiscalía involucró en el esquema al propio gobernador de Central, Hugo Javier González –imputado–, luego de haber firmado las autorizaciones de desembolsos.
Además, están como procesados funcionarios y ex funcionarios de la citada entidad, como Javier Rojas, Lourde Lezcano, Armando Soler, Luis Allende, Édgar Zaracho, Guido Portillo, Modesta Valiente, Adalberto Benítez.
De la fundación están imputados Tadeo Álvarez (presidente), Paulino Palacios, Nicolás Álvarez y también los contratistas José Grau, Óscar Morel y Óscar Gaete.
Se presume que habían presentado facturas falsas y clonadas en la rendición de cuentas ante la Contraloría General, lo cual se pudo comprobar, ya que los que aparecían como proveedores negaron relación comercial alguna con la fundación CIAP.
PROVEEDORES. VR Ingeniería SA, Augusto M. Barrail, Silvano Roberto Cantero Medina, Emilia Ovelar Giménez AR Electricidad SRL y Marco Gabriel Maldonado son los proveedores que dijeron no conocer la fundación y que no proveyeron facturas, por lo que sostienen que fueron clonadas.
Otros que aparecen como proveedores: Delio Eloy Martínez y Édgar Arriola (de Asunción Ofertas) dijeron desconocer que sus facturas habían sido utilizadas y que tampoco conocían a la CIAP o a alguno de sus representantes.