El Consejo de Seguridad Social aprobó esta semana la lista definitiva de postulantes admitidos a la segunda etapa del concurso para el cargo de superintendente de Jubilaciones y Pensiones, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Se trata de un total de siete personas, entre las cuales está Hugo Manuel García Ávalos, de 55 años, un funcionario del MEF. Es economista, con especialización en Sistemas de Calidad y Mejoramiento de la Productividad; cuenta con un masterado en Política y Gestión Pública, entre otros títulos y experiencias en cargos.
Sin embargo, según publicaciones periodísticas, había enfrentado un juicio oral por un supuesto perjuicio de más de G. 1.000 millones a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), cuando estaba comisionado en esa entidad y se desempeñaba como jefe de la unidad de Proyectos. Fue acusado por la fiscala Victoria Acuña, por supuestamente desviar recursos que debían usarse para el mejoramiento de los depósitos del puerto de Paranaguá. Desde la Corte Suprema señalaron que García Ávalos fue absuelto ante la falta de pruebas.
En la lista de aspirantes a superintendente también está Claudia María Martínez Bogado, de 39 años, quien actualmente figura como funcionaria permanente del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre los requisitos para la postulación está que el candidato no puede encontrarse comprendido en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley 7235/2023, y el artículo 22 de dicha normativa justamente señala que no son compatibles “los directores, gerentes o trabajadores de una entidad de jubilación y pensión” o “las personas físicas que tengan vínculos comerciales, económicos, financieros y/o profesionales con alguna entidad de jubilación y pensión, que pudieran generar conflictos de intereses en la adopción de decisiones”.
Otro candidato que sigue en carrera es Alan David Recalde Viveros, de 32 años, quien según la página del Tribunal Electoral Partidario (TEP) fue candidato en unas internas partidarias del Partido Colorado y opera en la Seccional 3 de la capital.
Si bien esto no se encuentra entre las inhabilidades de forma directa, el artículo 19 establece que el superintendente “se dedicará exclusivamente al servicio de la Superintendencia, salvo el ejercicio parcial de la docencia, no pudiendo desarrollar actividades de índole político partidaria ni ocupar cargos en entidades gremiales, sindicales o políticas mientras esté en ejercicio”.
Entre los admitidos también están Griselda Mariel Figueredo de Giménez (52 años), Rodrigo Fernández Derbas (45 años) y Rodrigo Samuel Esquivel Melgarejo (35 años), los tres funcionarios permanentes del Banco Central del Paraguay (BCP), con salarios de entre G. 18 millones y G. 27 millones.
Finalmente, el séptimo candidato elegido es Carlos Julián Jara Ortiz, de 54 años, cuya formación o experiencia se desconoce, pero aparece en la página oficial de Contrataciones Públicas como un proveedor del Estado, actualmente sin adjudicaciones.
De estos siete candidatos a superintendente (quien percibirá un salario público) se debe conformar una terna y enviarla a la Presidencia.
