Los funcionarios a cargo del diputado Tomás Ever Rivas, que el año pasado declararon ante el Ministerio Público que los caseros del legislador prestaban servicios a la Cámara Baja, ahora se exponen a ser imputados por la Fiscalía Anticorrupción. Esto, debido a que los investigadores tienen suficientes evidencias para sostener que los caseros nunca siquiera se acercaron al recinto parlamentario.
Se trata de Évelin Centurión Delgado, Del Rosario Aguilera, Teresa Núñez, Andrea Benítez González, Luisa Mabel Díaz Brítez y Cristian Cáceres Duarte. Todos ellos prestaron declaración testifical ante la unidad del fiscal Luis Piñánez, en marzo del 2017.
Coincidieron en señalar que Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero –actualmente imputados por ser planilleros– realmente prestaban servicio en la Cámara y que acompañaban en todo momento al diputado Rivas. Aseguraron que Chaparro y Franco son los choferes del legislador, mientras que Romero era su supuesto secretario privado. Algunos incluso afirmaron que los vieron dentro de la Cámara Baja.
Sin embargo, el Ministerio Público ya cuenta con el registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes de las líneas de telefonía celular de los cuatro investigados. Con este informe, el fiscal Piñánez pudo concluir que ni Chaparro ni Franco ni Romero estuvieron en sus puestos laborales en la Cámara de Diputados, ni siquiera en la zona del Congreso, durante los días en los que el diputado Rivas participó en sesiones ordinarias y extraordinarias en el recinto parlamentario, entre julio de 2016 y marzo de 2017. Estas son las líneas que los supuestos funcionarios declararon como suyas en sus legajos ante la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja.
FRUSTRACIÓN. De esta manera, la versión que dieron los funcionarios contradice directamente con las pruebas recolectadas por la Fiscalía.
Por ejemplo, Lucio Romero, a quien los funcionarios dijeron ver regularmente con el legislador, en realidad en ningún momento estuvo en la zona de la Cámara Baja en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 28 de febrero de 2017, sino la mayor parte en la compañía César Barrientos de Ybycuí, según detalla la imputación formulada por el fiscal Piñánez. Romero en realidad es el casero de una estancia del diputado en el Departamento de Paraguarí.
Chaparro, a quien los funcionarios identificaron como el chofer de Rivas, prácticamente no salió de la zona de Panambiretá de Lambaré, donde está ubicada la residencia de Rivas. También se lo ubicó en Ybycuí, de donde es oriundo, los días en los que supuestamente debía acompañar a Rivas en el Congreso. Lo mismo ocurre con Nery Franco, quien trabajaba como empleado de un comercio privado de los Rivas en el centro de Ybycuí y casi no salió de esta ciudad.
En ese sentido, fuentes judiciales precisaron que la conducta de los funcionarios que declararon a favor de los caseros de Rivas podría enmarcarse en el delito de frustración de la persecución y ejecución penal, que puede ser penado con hasta tres años de cárcel.
Al respecto, el Código Penal define este hecho punible como “impedir intencionalmente o a sabiendas que otro fuera condenado o sometido a una medida por un hecho antijurídico”. Ahora queda a cargo de la Fiscalía Anticorrupción definir si investiga o no a los funcionarios del diputado por este delito.
DESAFUERO. El 18 de mayo pasado el fiscal Piñánez imputó a Rivas y sus tres caseros por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Con respecto a Rivas, la imputación señala que él avaló con su firma todas las planillas de asistencia firmadas por sus caseros.
El martes pasado, el juez Rubén Riquelme comunicó a la Cámara de Diputados la causa que se formó contra el legislador. Ahora queda a cargo de los colegas de Rivas votar si lo desaforan para que pueda ser procesado.
El caso de Rivas y sus caseros fue revelado por una investigación periodística de ÚH, en febrero del 2017. Luego de más de un año de investigación, la Fiscalía imputó al legislador.
