El abogado Daniel Alarcón precisó que la denuncia se formuló por evasión, en el marco de la nueva disposición introducida en el artículo 261 del Código Penal que establece como evasión el no pago de seguro de asistencia social (IPS) y apropiación, porque “alguien debió quedarse con el 9% que se descuenta mensualmente a los trabajadores”.
Alarcón manifestó que desde el mes de febrero hasta la fecha, la ANR no está abonando por el seguro social, por lo tanto, los funcionarios no pueden acceder a medicamentos, pago por reposos, entre otros servicios.
También se formuló una denuncia paralela que se encuentra en el Juzgado de primera instancia en lo laboral del primer turno por el manejo abusivo de las condiciones laborales, ya que se dispuso un nuevo horario, forzando a la mayoría de los funcionarios a renunciar sin cobrar indemnizaciones. Alarcón señaló que esta medida afecta a 256 personas aproximadamente que cuentan con otras actividades laborales, ya sea en el Estado o en el sector privado, lo cual afecta su calidad de vida.
“Todos los funcionarios no ganan más del salario mínimo y los funcionarios del entorno del presidente del partido cuentan con salarios de más de G. 20 millones”, sostuvo el letrado.
A su vez, el sindicato procedió a presentar una denuncia contra la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque la secretaria de Estado hizo caso omiso al pedido de una reunión tripartita solicitada ya el 25 de agosto.
Ante esta situación, los funcionarios recurrieron a la senadora Lilian Samaniego y también al presidente del Congreso, Óscar Salomón, de quienes esperan su mediación. Lilian señaló que 256 funcionarios están en situación de despido. “Esto que está ocurriendo en la familia del Partido Colorado no puede estar pasando”, lamentó.
