En la ocasión, los representantes del gremio de fiscales y de funcionarios de la Fiscalía manifestaron su preocupación ante la intención de debilitar al Ministerio Público, una política que se ha estado ejerciendo contra la institución.
Citaron, además, debilidades institucionales como carencia de peritos, de auditores, de sicólogos forenses, la necesidad de contar con más recursos tecnológicos y presupuestarios que apoyen la labor del Ministerio Público, y que si no se dota de esto, “debilitará la labor de quien asuma en la próxima gestión”.
Este conversatorio se dio con representantes de la sociedad civil, justamente ahora que se deberá hacer la elección de la terna para el próximo titular del Ministerio Público.
Allí hablaron y coincidieron que el perfil del nuevo fiscal general del Estado debe ser: de una integridad comprobada, coraje cívico, capacidad de gestión de una institución muy compleja y con una amplia apertura a la sociedad, a través de mecanismos que permitan acercarse a la ciudadanía.
PRESUPUESTO LIMITADO. Durante el conversatorio, también la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público presentó la realidad presupuestaria institucional, explicando que la cantidad de causas ingresadas son 238.000 aproximadamente al año.
Reiteraron que ante los recortes presupuestarios el Ministerio Público cuenta con solo 60 sicólogos forenses a nivel país, se requiere más personales médicos forenses, peritos, chóferes y agentes fiscales.
