Los funcionarios agremiados a la coordinadora señalan que las acusaciones y la comunicación de las sanciones por parte del embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, “se han dado sin sustento probatorio para dar seriedad y legalidad a las mismas. Aseguran que, por lo tanto, “carecen de valor alguno para nuestra nación, dado que nuestra legislación vigente en la Constitución Nacional garantiza el derecho a la defensa cuando existen acusaciones en su contra”.
El comunicado refiere que las acusaciones vertidas “se dan dentro de un contexto meramente político, habida cuenta de que se dirige solamente a un sector del escenario actual en donde está en disputa la presidencia de la República”.
“Da a entender que la corrupción es propiedad exclusiva de los integrantes del Partido Colorado y que en los otros sectores están los paladines de la justicia y la honestidad, pues no se cita a nadie significativamente culpable de ningún hecho”, resalta el comunicado.
Los funcionarios también cuestionan al Gobierno de Estados Unidos que no se observa el mismo rigor en otros países, donde se ven “comportamientos groseros de violación de derechos humanos”.
“Sentimos que existe parcialidad manifiesta y discriminación en la aplicación de sus propios criterios”, expresaron los funcionarios en un comunicado para reafirmar el respaldo a Cartes y a Hugo Velázquez.
