En democracia, la soberanía y el poder están en el pueblo, no le pertenecen al Estado. El artículo 3 de nuestra Constitución Nacional es definitivo. El Estado no es el dueño de la Constitución; la Constitución fue creada por la Asamblea Constituyente, constituida por representantes del pueblo.
El artículo 75 de la Constitución dispone: “La educación es responsabilidad de la sociedad y, en particular, recae en la familia, el municipio y el Estado”.
Está claro que es responsabilidad de la sociedad; en el reparto de responsabilidades particulares cita en primer lugar a la familia, porque así se deduce del “derecho natural”, del derecho internacional y de nuestro derecho positivo. El Estado está en último lugar, porque la responsabilidad del Estado es “subsidiaria” y está (debe estar por mandato constitucional) al servicio de la familia y de la sociedad.
El Estado es administrado por el gobierno de turno, también elegido por el pueblo, para que le sirva y es el pueblo quien les paga a los funcionarios para que se dediquen al servicio del pueblo, coordinando y promoviendo el Bien Común, porque el Estado no es dueño del Bien Común, ya que el Bien Común es fruto de la contribución de todos los ciudadanos y le pertenece a todos los ciudadanos, participando de él con equidad.
Solamente los Estados totalitarios, los dictadores y los gobernantes corruptos se apropian del Bien Común y especialmente de la educación, pilar fundamental de todo el Bien Común.
El Estado, con la gestión del gobierno, crea instituciones educativas allí donde la sociedad las demanda y ayuda subsidiariamente a las necesidades educativas de las familias, respetando y sirviendo, a las instituciones educativas privadas, creadas y mantenidas por las familias o instituciones privadas, que se ponen al servicio de las familias.
La educación privada y la privada institucional, como la de las diferentes iglesias, son contribución ciudadana al Bien Común y es obligación del Estado y de los gobernantes que lo administran, servir con sus recursos a dichas instituciones educativas, para mantener dichas contribuciones al Bien Común, sobre todo cuando tales instituciones prestan sus servicios a hijos e hijas de familias que no pueden pagar lo que cuesta la educación.
Los gobernantes, pagados también con los impuestos de consumo de los ciudadanos económicamente desfavorecidos, tienen la responsabilidad de “garantizar” a toda la población la educación. Especialmente vinculados a estas instituciones privadas de familias de escasos recursos.
Los políticos con poder y los gobernantes, administradores del Estado, que, en vez de poner el Estado y sus recursos al servicio de todas las instituciones educativas y las familias, usan la educación y las piezas del sistema educativo para su beneficio personal o de su partido político, pervierten la educación y el ordenamiento jurídico, violan la Constitución Nacional, las leyes y los derechos ciudadanos, traicionan a las familias y destruyen la democracia.
Las instituciones educativas escolares no son un negocio. Jamás en la historia de la educación ha habido un grupo financiero o banco, que haya invertido en escuelas o colegios para lucro: Son un servicio a las familias. La subvención del Estado a ciertas instituciones privadas institucionales no es un regalo de favor por parte del gobierno de turno, es una obligación del Estado en su función subsidiaria al servicio de la educación de todos los ciudadanos.
