Esa cifra representa un 4,57 % más (509 casos) que los dos primeros años de la pasada Administración, que encabezó el socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012), la cual fue fuertemente criticada por Pérez Molina, precisamente por la violencia e inseguridad.
Pese a la finalización del conflicto armado en 1996 luego de 36 años de enfrentamientos (1960-1996), en Guatemala todavía se registran altos índices de violencia, debido a la incapacidad del Estado por garantizar la seguridad y la justicia.
Las diversas fuerzas de Tarea de la Policía Nacional Civil (PNC) que ha puesto en marcha el actual Gobierno con el apoyo del Ejército, ha logrado frenar los hechos criminales en algunas regiones del país, considerado como uno de los más violentos de América Latina.
Sin embargo, durante los primeros 11 meses de 2013, los homicidios aumentaron en 2,46 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con las estadísticas del estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Entre enero y noviembre pasado se registraron 5.616 asesinatos contra los 5.481 ocurridos en el mismo tiempo de 2012.
Del total de crímenes perpetrados este año, 727 corresponden a mujeres, lo que supera la cifra de 708 personas documentadas en los 12 meses del año pasado.
El ministro guatemalteco de Gobernación (Interior), Mauricio López Bonilla, ha reconocido en declaraciones a periodistas que los homicidios de 2013 terminarán con unos 200 más respecto a los registrados en 2012.
La “presión” que han ejercido las fuerzas de seguridad en los barrios rojos de la capital, donde se registraban la mayor cantidad de muertes, hizo mover a los criminales a las zonas fronterizas con Honduras y México, explicó el funcionario.
Los barrios y colonias de la ciudad están atestadas de pandillas juveniles, más conocidas como maras, a las que las autoridades les atribuyen la mayoría de muertes por extorsiones, entre otros delitos.
En lo que va de 2013, la Policía a desmantelado a 135 bandas delictivas, entre ellas 40 grupos dedicados a la extorsión al comercio y el transporte, que deja millonarios ingresos a los delincuentes.
Pese a ciertos logros, la percepción de los guatemaltecos sobre la violencia se mantiene y es, según el viceministro de Prevención del Delito, Arkel Benítez, en lo que se deben enfocar las autoridades.
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una organización no gubernamental guatemalteca que vela por los derechos humanos, sostiene que más del 80 por ciento de los crímenes se cometen en el país con armas de fuego.
Guatemala apenas cuenta con 24.000 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para garantizar la seguridad de los más de 15 millones de habitantes, y el presidente Pérez Molina se ha propuesto elevar la cantidad a unos 30.000 durante su Administración de cuatro años.
En su Gobierno se han graduado ya 8.000 nuevos policías.
La cartera del Interior está por adquirir más de 17.200 pistolas para armar a las fuerzas de seguridad para hacer frente a la criminalidad con el fin de cumplir el principal ofrecimiento de campaña del actual mandatario, la seguridad.
Como parte de las estrategias de seguridad, el Gobierno ha instalado 12 destacamentos militares con unos 30 soldados cada uno en municipios considerados con más altas tasas de hechos de violencia, y estos campamentos estarán activos hasta que se termine la modernización y profesionalización de la PNC.
El ministro guatemalteco de Defensa, Manuel López, ha revelado que al menos 400 colonias, caseríos, aldeas y municipios, han solicitado al Ejército su presencia en esas comunidades para garantizar su vida.
Óscar René Oliva