Haciendo un repaso de las estadísticas del Banco Central del Paraguay (BCP), podemos ver que el 2020 cerró con una caída del PIB del 0,8%. En el quizá peor año para la economía paraguaya debido a la feroz crisis sanitaria y las derivaciones restrictivas, que originaron un parón general de la actividad, la construcción lideró el listado de los rubros con mejor desempeño, con un acumulado del 10,8%.
Así este segmento se ubicó por arriba de aquellos rubros del sector primario que se han caracterizado en los últimos tiempos por impulsar el sostenido crecimiento del PIB, como el agrícola (9,0%) y el ganadero (4,4%).
En el 2021, la crónica no cambió mucho. La construcción volvió a tener un incremento del 12,8% en su desempeño a nivel local, solamente por debajo de rubros como el comercio y los restaurantes y hoteles. Ese año, a pesar de que la agricultura cayó en un 18%, la economía retomó la senda de crecimiento y se ubicó en el 4%.
El año pasado, el PIB paraguayo registró un nulo crecimiento en torno al 0,2%. Coincidentemente, este resultado está basado en las caídas de la agricultura y la ganadería impulsadas por la sequía, así como por la disminución del 3% que registró la construcción.
Este declive en las obras tiene mucho que ver con el sector público, en especial con el retorno a la regla fiscal que viene implementando el Tesoro Nacional, tras años de sobrepasar el límite legal del déficit.
Es que el Ministerio de Hacienda ha venido disminuyendo el espacio para el gasto público, lo que implica un menor endeudamiento, y por ende, menos recursos para la inversión en infraestructura.
Los datos del Gobierno dan cuenta que, entre el 2020 y el 2023, el presupuesto para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sufrió un recorte de unos USD 300 millones aproximadamente, en línea con la vuelta gradual del saldo rojo fiscal al 1,5%. A esto se suma la deuda de USD 250 millones que tiene el Estado con las empresas constructoras.
Claro, políticamente es una decisión mucho más fácil quitarle recursos a la inversión que recortar los impopulares aguinaldos extras, evitar las sobrefacturaciones en las licitaciones estatales o luchar frontalmente contra el crimen organizado y el contrabando.
No es un secreto que Paraguay es uno de los países con los mayores déficits en infraestructura en la región, con estimaciones oficiales que llegan a los USD 36.000 millones. Pero el dilema de menoscabar a la obra pública no solo tiene sus implicancias en la expansión del PIB o en la pobre conectividad que es cada vez más notoria. Significa, además, un gran problema social que en los últimos gobiernos poco y nada se ha trabajado: el empleo.
Siempre según los datos oficiales, unas 280.000 personas trabajan en el rubro de la construcción. Eso implica que, indirectamente, se ven beneficiadas al menos 1.000.000 de personas. Si el ritmo de inversión en este sector se mantiene en decrecimiento, es evidente que el desempleo puede tocar la puerta de miles de hogares, en un momento donde los precios están tocando techos históricos debido a la persistente inflación que golpea más duramente a aquellas familias de menores ingresos.
Los expertos en la región afirman que por cada dólar bien invertido se tiene un retorno de entre cuatro y cinco dólares. En medio de una gran profundización de las desigualdades y de una concentración de riqueza que va en aumento, ponerle frenos a las obras no es una decisión acertada.
