EFE
Los gobiernos nacionales, de los que realmente depende la política migratoria europea, se han visto obligados a suavizar sus posiciones y a proponer nuevos pasos para responder a la crisis de refugiados más grave que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ante la presión ciudadana y la vergüenza de un drama que han ignorado durante demasiado tiempo.
“Se ha acabado el tiempo del juego de culpas, es el momento de tomar decisiones y transformar las decisiones en acciones y hacerlo de manera unida, como europeos”, dijo hoy en Luxemburgo la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, quien reconoció que “ha llevado desafortunadamente algunos meses” a los estados miembros darse cuenta de que se trata de un problema europeo y no de un país en concreto.
La jefa de la diplomacia europea aseguró que ahora todos los países de la Unión se dan cuenta de que hay que actuar “con urgencia”, aunque admitió que todavía están divididos acerca de cuáles deben ser las vías para compartir la responsabilidad de acoger a los refugiados, y sostuvo que esas diferencias “no desaparecen en unos meses”.
Países como Hungría han mantenido intacta su posición contraria a los inmigrantes pese el horror de las familias que se lo juegan todo por una vida mejor y el llamado “Grupo de Visegrado” (V4), integrado por República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría, dejó claro ayer en Praga que son contrarios al establecimiento de cuotas obligatorias de reparto de refugiados, propuesto por la Comisión Europea.
Otros como Alemania, el país al que quieren acceder la mayoría de los refugiados, y Austria han decidido abrir sus puertas a los refugiados que se encontraban en Hungría después de que más de un millar de personas iniciasen una marcha a pie hacia la frontera austríaca y de que Budapest ofreciese un centenar de autobuses para trasladarlos.
El Gobierno alemán dijo también esta semana que prevé recibir este año hasta 800.000 refugiados, una cifra que reconoce que será difícil de gestionar.
El primer paso tras la dolorosa muerte de Aylan lo protagonizaron precisamente la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, que pidieron conjuntamente a la UE un mecanismo “obligatorio y permanente” de acogida de refugiados.
España, por su parte, declaró que acogerá a los refugiados que le correspondan en el reparto, después de haberse mostrado muy reticente a la idea durante el verano.
El Gobierno de Mariano Rajoy anunció la creación de una comisión interministerial que liderará la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, para gestionar la crisis de los refugiados y que celebrará su primera reunión este lunes.
El primer ministro británico, David Cameron, se mostró conmovido por la imagen del pequeño sirio y dijo estar dispuesto a tomar medidas para contribuir al alivio de la crisis, pero ayer aclaró que se refería a acoger a personas que estén en campos de refugiados de países de fuera de la UE y no a quienes hayan entrado en territorio comunitario de manera ilegal.
Londres ya rechazó en julio participar en el sistema de reparto de 40.000 refugiados llegados a Italia y Grecia que había propuesto Bruselas en mayo, del que también se negaron a formar parte Austria, Hungría y Dinamarca, por lo que solo se pudo acoger a un total de 32.256 personas de Siria, Eritrea, Somalia e Irak.
La Comisión Europea prepara para el próximo miércoles tres medidas legislativas y otras propuestas para hacer frente a la crisis que incluyen un sistema temporal para el reparto de 120.000 refugiados llegados a Italia, Grecia y Hungría, los tres países más afectados, un mecanismo permanente de distribución para situaciones de emergencia y un listado de naciones seguras, como los candidatos a la adhesión de la UE.
Fuentes comunitarias explicaron que Bruselas contempla permitir a los estados miembros que lo justifiquen no participar de forma temporal en el reparto de refugiados, siempre que compensen su exclusión con apoyo financiero a los países más presionados.
Asimismo adelantaron que, en caso de que los Veintiocho insistan, como hicieron en julio, en que el sistema de reparto sea voluntario y no obligatorio, la Comisión podría obligarles a votar ese cambio por unanimidad en el Consejo de la UE.
