Quizás la pregunta después de la evaluación de Fitch no debería ser por qué Paraguay no consiguió un tercer grado de inversión. La pregunta es por qué se esperaba que lo consiguiera ahora. Fitch mantuvo la calificación de Paraguay. Y, tratándose de una calificadora que no ha modificado con facilidad su evaluación sobre el país, mantener la nota en el nivel actual ya merece hasta tranquilidad.
El problema es que en los últimos meses se instaló la expectativa de que Paraguay estaba prácticamente a las puertas de una nueva mejora. Esa expectativa parecía difícil de sostener si se miraban, además de los indicadores macroeconómicos, las tareas que todavía están pendientes.
La calificadora señala que los indicadores de gobernanza del Banco Mundial tienen un peso importante en su modelo y que Paraguay se encuentra por debajo del percentil 50 en variables como estabilidad política y derechos, Estado de derecho, calidad institucional y regulatoria y control de la corrupción. En esos factores, el efecto sobre el perfil crediticio es negativo.
No es una observación nueva, el país entero lo sabe. Tampoco es un problema que haya comenzado con el actual Gobierno, para ser sinceros.
Paraguay arrastra problemas institucionales que atraviesan administraciones. La discusión sobre la regla fiscal es un ejemplo. Una herramienta creada para ordenar las cuentas públicas terminó siendo modificada y enmendada en distintas circunstancias. Si una regla necesita ser corregida cada vez que las circunstancias fiscales la vuelven incómoda, el problema ya no es solamente el resultado de un año determinado. También es la calidad y previsibilidad de la propia regla.
Lo mismo ocurre con la reforma de la Caja Fiscal. Después de años de advertencias sobre la situación previsional, los avances han sido limitados y la discusión continúa. No se trata de un problema exclusivo de una administración, sino de una cuestión que los gobiernos sucesivos no han conseguido resolver de manera definitiva.
Fitch también observa la calidad institucional, regulatoria y el control de la corrupción. No hace falta buscar una interpretación sofisticada para entender qué significa esto: hay instituciones que todavía tienen problemas para generar los niveles de confianza y previsibilidad que se esperan de un país que pretende seguir mejorando su perfil crediticio.
En contrapartida, el informe reconoce elementos favorables. Entre ellos, el historial de Paraguay de 20 años sin una reestructuración de su deuda pública, que Fitch considera positivo al evaluar los derechos de los acreedores. Por eso, tampoco se trata de pintar un escenario negativo.
Paraguay tiene indicadores que han mejorado y condiciones que permitieron alcanzar el grado de inversión. Hay una base sobre la cual seguir trabajando. Pero una cosa es reconocer esos avances y otra asumir que los indicadores macroeconómicos resuelven por sí solos los problemas que aparecen en una evaluación soberana. No los resuelven.
También sería más útil asumirlos con autocrítica y dejar el drama del lado opositor. Reconocer que hay cosas que funcionan y otras que todavía no. Que Paraguay puede mostrar avances importantes y, al mismo tiempo, mantener debilidades que una calificadora internacional seguirá observando. Pero para seguir mejorando no alcanza con mostrar lo que funciona. También hay que hacerse cargo de lo que todavía no funciona y que Paraguay ya sabe que es.
