El ex senador colorado Óscar González Daher, un poderoso caudillo que manejaba los hilos del poder en Luque y en varias estructuras del Estado, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuya presidencia ocupó hasta diciembre de 2017, fue acusado ayer en horas de la noche por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito en la función pública, declaración falsa y lavado de dinero. Igual suerte corre su hijo Óscar Rubén González Chaves.
Los fiscales anticorrupción Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera además solicitaron que ambos afronten juicio oral y público.
El juez Humberto Otazú deberá fijar fecha para la audiencia preliminar donde se deberá decidir si el ex político colorado cartista va a ser juzgado por un Tribunal de Sentencia.
El Ministerio Público inició la investigación penal, fundado en un informe proveniente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el 20 de agosto del año pasado.
Según refiere el escrito de imputación, la Seprelad reportó operaciones sospechosas con relación a los procesados que no condicen con las ganancias declaradas como producto de su actividad económica.
El ex fiscal René Fernández y actual ministro Anticorrupción había incautado numerosas cajas con títulos de propiedad a nombre del ex legislador y de la empresa Príncipe di Savoia, la misma que ÚH identificó que pertenecía al ex parlamentario cuando publicó en el 2010 el caso de evasión de impuesto inmobiliario de unos 65 inmuebles a través de la adulteración de datos en el sistema informático de la Municipalidad de Luque.
Paralelamente, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) confirmó una aparente inconsistencia de aproximadamente G. 7 billones entre los ingresos declarados por González Daher, familia y allegados (contribuyentes) y los ingresos obtenidos de la conciliación de las cuentas bancarias, financieras, registros públicos y de automotor.
Posible usura. Por otra parte la fiscala Alcaraz confirmó que se está analizando una eventual imputación a Ramón González Daher, hermano del ex senador, por el supuesto hecho punible de usura y lavado de dinero.
Alcaraz explicó que deberá ser la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, la que se decida si se abre o no la causa contra el hermano del caudillo colorado.
Cabe destacar que la Fiscalía solo pudo investigar 14 de los 137 inmuebles del ex legislador y de su hijo, cuyo embargo había requerido, tras la resolución del Tribunal de Apelación Penal. Ello, teniendo en cuenta que 123 fueron adquiridos antes del 2008.
Esto debido a que los camaristas ratifican que solo entran hechos del 2008 a 2018, en el caso de supuesto enriquecimiento ilícito. Con respecto al presunto lavado de dinero y declaración falsa, se investigó entre el 2013 al 2018.
Por otra parte, la abogada Sara Parquet presentó un escrito ante los intervinientes alegando que el requerimiento conclusivo no pudo ser presentado, debido a que esta causa se inició e imputó sin haberse realizado ninguna investigación y comprobación de lo referido en el informe confidencial de la Seprelad.
También resalta el documento que dicha defensa no ha sido informada por los investigadores sobre la pericia de tasación de los inmuebles de Asunción, como tampoco de las pericias contables