El Ministerio Público presentó ayer los alegatos finales en el juicio oral, ante las juezas Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García. Además de la pena, solicitaron el comiso especial extensivo de varios inmuebles.
“Esta Fiscalía sostiene que se ha acreditado que el matrimonio comprendido entre el ex comandante Francisco Pastor Alvarenga y su esposa Mirta Evelina Rotela han cometido el hecho de enriquecimiento ilícito a través de la función pública”, dijo Fúster.
Mencionó que existió una imposibilidad material que justifique el aumento desmedido de sus bienes entre los cuales están inmuebles, vehículos, acciones y semovientes (animales).
La investigación fue por el acrecentamiento de su patrimonio por un periodo de 10 años y, que según el Ministerio Público, fue logrado de manera ilegal.
“Conforme a las pruebas, el matrimonio tiene un déficit que no han podido demostrar, desde octubre del 2005 al marzo 2015, por la suma de G. 2.048.489.741”, sostuvo la fiscala Natalia Fúster.
DIFERENCIAS. Informaron que Alvarenga tuvo en dicho periodo ingresos por G. 1.124 millones y que en concepto de egresos, la suma fue de G. 2.667 millones. Con esto, se calculó que el saldo negativo es de G. 1.542 millones.
En cuanto a la esposa, ella habría obtenido ingresos por un monto de G. 755 millones, sin embargo, en egresos, la suma fue de G. 1.261 millones. En su caso, hay una diferencia de G. 505 millones.
La mujer se desempeñaba como funcionaria permanente del Ministerio de Salud, mientras que Alvarenga integro durante ese tiempo las filas de la Policía, hasta que alcanzó el grado de comandante.
El fiscal Piñánez solicitó el comiso especial extensivo de algunos de los inmuebles adquiridos por los acusados, entre ellos, 2 departamentos y 3 propiedades.
El Ministerio Público solicitó el comiso de 2 departamentos y 3 inmuebles que pertenecen al matrimonio que hoy están siendo acusados por enriquecimiento. El perjuicio sería de 2.048 millones.
Alvarenga ya tiene una condena
El ex comandante fue condenado en el 2018 a 4 años de cárcel, por el desvío de 1.200 millones de la Policía Nacional, a través de vales de combustibles.
En octubre del 2021, esta condena se confirmó por la Corte Suprema de Justicia.
Tanto Alvarenga, como el suboficial mayor Roberto Osorio, fueron sentenciados por este hecho. Este último recibió una condena de 8 años de cárcel.
La Policía tenía un convenio firmado con Petróleos Paraguayos, por el cual se daban vales de combustible.
La causa había comenzado cuando Petropar detectó que se hizo una compra de combustible por valor de G. 3 millones. A partir de allí se hizo el seguimiento, donde se detectaron los desvíos.
