La Fiscalía solicitó 10 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo para el ex senador Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
Además, pidió el comiso especial de los bienes, pero como no fueron especificados, esta mañana, desde las 08:00, los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera deberán determinar exactamente sobre qué cuentas bancarias y qué bienes requiere esta medida.
Los agentes hablaron primeramente de la declaración falsa. Señalaron que en el juicio oral se probó que el ex legislador colorado omitió declarar una cuenta corriente en el Banco Continental, con G. 22.954.087, y una caja de ahorro, con USD 257.999, en el Banco Sudameris, ambas compartidas con su hijo, en la declaración del 1 de setiembre del 2016.
Además, en esa declaración jurada omitió declarar 13 inmuebles, 6 en Luque, 2 en Capiatá, 4 en Itá, una en San Bernardino.
En su declaración del 25 de enero el 2018 omitió 9 propiedades, 8 de ellas en Luque y una en Asunción. En la declaración del 4 de julio del 2018 hizo lo mismo con 8 de los inmuebles citados en la anterior declaración y una cuenta en el Banco Sudameris.
Sobre el concejal luqueño, tampoco declaró cuentas bancarias e inmuebles. Dicen los fiscales que se configuró la declaración falsa. Atacaron bastante al perito de la defensa y dijeron que no analizaron documentos de la carpeta fiscal.
Con respecto al enriquecimiento ilícito, hablaron de los ingresos y egresos tanto de Óscar González Daher como de su hijo Óscar González Chaves, y de la diferencia que había. Indica que sobre el hijo la diferencia sería de G. 50.999 millones.
Incluso mostraron gráficos de los ingresos, sus cuentas corrientes, la venta de ganado, intereses de CDA, entre otros.
Sobre el lavado de dinero, se ocuparon de la empresa Príncipe Di Savoia, donde citaron a los cerca de 20 inquilinos que declararon en el juicio oral. Indicaron incluso los costos del alquiler inicial y su incremento, a más de las tasaciones donde hallaron varios patios baldíos.
También hablaron de los accionistas Ada Cazó, Pedro Martínez Silva y el ex juez Juvencio Torres. Argumentaron que estas personas no tenían la solvencia económica necesaria para ser accionistas de una empresa. Dijeron que los dos primeros eran empleados del ex senador.
Finalmente, solicitaron las citadas penas para los dos acusados.