Según explican los magistrados, si bien están habilitados para estudiar las salidas procesales para concluir los procesos, no pueden aplicarlo de oficio, pues la habilitación del artículo 301 del Código Procesal Penal debe ser a pedido del Ministerio Público.
Así, si no hay pedidos de los fiscales, que directamente imputan, los jueces admiten la imputación y les aplican las medidas alternativas a la prisión preventiva.
La semana pasada, durante la sesión del pleno de la Corte, la ministra Carolina Llanes requirió ampliar las funciones de los jueces durante la emergencia, para aplicar el citado artículo. Así, en caso de no haber imputaciones, podían aplicar el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, el procedimiento abreviado, o incluso la conciliación. Con ello, se dijo que, en caso de aplicarse una reparación del daño social, el dinero o las donaciones dadas irían a las comunidades carenciadas. También se podía descongestionar el sistema y darle una salida rápida a las causas, a más de ayudar a la población que estaba sufriendo durante la cuarentena. La propuesta fue aprobada por el pleno.
NADA AÚN. Ayer, las juezas Alicia Pedrozo y Clara Ruiz Díaz tuvieron todas las imputaciones por violar la cuarentena, con pedidos de arresto domiciliario para los procesados. Los mismos están imputados por la Ley 716, que sanciona delitos contra el medioambiente, con penas que van de 6 a 18 meses de cárcel o multas de entre 100 y 500 jornales mínimos.
No obstante, la legislación penal señala que en los casos donde la pena va hasta los dos años, esta puede ser suspendida a prueba, por lo que estos casos bien pueden tener una salida alternativa, ya que por las sanciones que tienen no son considerados crímenes, sino delitos. Es por esta razón que la Corte dispuso aplicar las salidas alternativas y concedió esta potestad a los jueces. Pero sin pedidos de los fiscales, no se aplican estas salidas alternativas.
El presidente de la Corte, ministro Alberto Martínez Simón, mencionó ayer en radio 1000 AM, que se reunieron para visualizar el contexto de los más de dos mil casos de personas que han violado la cuarentena. “Si se realizan los trámites como lo hacen a menudo, la página podría colapsar por la cantidad de juicios”, señaló.
Con imputaciones, los fiscales deberán presentar sus escritos conclusivos en seis meses, donde probablemente pedirán una salida alternativa, salvo que quieran ir a juicio oral. Así, la intención de la Corte de concluir casos de manera rápida queda en eso.
La Cifra
2.264 fueron los imputados por violar la cuarentena sanitaria hasta el viernes, según había informado el Ministerio Público.
Comisarías están con los calabozos llenos
Los calabozos de las comisarías del país están sobrepasados al recibir a personas con orden de prisión preventiva y que no pueden pasar a las cárceles que están cerradas para recibir a nuevos internos. En el Departamento Central hay alrededor de 150 personas en esta situación, haciendo que las personas estén pasando los días bajo riesgo, a causa de la aglomeración. Esto crea un drama en las sedes policiales cuyos jefes se deben ingeniar para alimentar a los recluidos y buscar recursos para mantener los lugares en condiciones higiénicas.
Opinión
“Hay una conciencia bastante importante”
“El Ministerio Público, conjuntamente con la Policía Nacional, Patrulla Caminera y Bomberos Voluntarios desplegamos controles en San Lorenzo. Hemos estado realizando continuamente. Los fines de semana es cuando hay mayor afluencia de gente. Hay una conciencia bastante importante… Estamos exigiendo a personas el uso de tapabocas. Es una cuestión para que no me contagien y que no contagien a terceros”. Christian Roing, fiscal de la Unidad 4.