En la acusación hecha por el viceministro de Transporte, Agustín Encina, se había identificado a unas 60 personas entre transportistas, aduaneros, despachantes e importadores, pero recién ahora se incluye en la pesquisa a los escribanos, por producción de documentos no auténticos.
Según resaltó el agente que lleva la causa, Yoan Paul López, un gran porcentaje de estos profesionales que trabajan con los colectiveros no habrían consignado los antecedentes de las escrituras de los colectivos bajo la lupa.
Explicó que los certificados de nacionalización tienen ciertos códigos de seguridad que los documentos entregados por transportistas no cumplían, pero supuestamente los escribanos obviaron estas irregularidades.
“Ellos (escribanos) solo decían ‘conforme al título que tengo a la vista’. Los certificados presentados para la primera escrituración parecen producidos en una computadora normal. Y un escribano que es perito en el tema no puede desconocer, pero igualmente se hace la primera escritura pública y así empieza una cadena”, expresó.
Prestanombres. Otra de las novedades de la investigación es que en la mayoría de los casos, los transportistas aparentemente recurrían a familiares o vecinos como testaferros, para adulterar la edad de los vetustos colectivos.
Es así que los prestanombres importaban las unidades y realizaban la primera escritura. Luego, los empresarios compraban estos colectivos de los testaferros y al realizar la segunda escritura del vehículo, ya aparecían como “compradores de buena fe”, libres de cualquier irregularidad.
En otros casos, la Fiscalía encontró que hay algunos ómnibus que ya eran nacionalizados en Aduanas incluso antes de fabricarse.
Los colectivos cuyos documentos habrían sido falsificados son 351, pertenecientes a unas 28 empresas metropolitanas. Corresponden al 15% de la flota que circula con permiso del Gobierno.