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Fiscalía investiga aparente desvío de tributos inmobiliarios en Lambaré

 

Una comitiva fiscal se constituyó ayer en la Municipalidad de Lambaré para verificar documentos relacionados con la recaudación inmobiliaria. La medida es por una denuncia de supuesto incumplimiento de la obligatoria transferencia del 30% de estos tributos a otros entes. Visitaron diez dependencias y lacraron varios archivos.

La denuncia formulada es sobre supuesto hecho de lesión de confianza, estafa y otros. Fue presentada ante el Ministerio Público por parte de concejales municipales, quienes también aprobaron un pedido de intervención contra la administración del intendente Armando Gómez.

En el pedido, los ediles presentaron documento expedido por el Ministerio de Hacienda en el que figura que la Intendencia Municipal procedió a cobrar impuesto a los contribuyentes, pero no transfirió dichos recursos. El monto de la deuda sería de G. 10.832.753.136

Los municipios están obligados a distribuir el 30% de lo recaudado a entes como gobernaciones y municipalidades menores, según la Constitución Nacional.

“El monto de la deuda corresponde a dos años: 2018, 2019 y una diferencia existente también en el 2015 y 2016”, señaló la fiscala Gladys González, quien encabezó la verificación. Afirmó que el relevamiento de datos se extenderá también la próxima semana.

Entre las dependencias recorridas se encuentran: Administración y Finanzas, Archivo, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos e Informática.

Como acto investigativo solicitaron también las filmaciones del circuito para determinar si hubo traslado o destrucción de documentos. Al respecto, varios funcionarios habían señalado que el día de la aprobación del pedido de intervención, martes 22 de octubre, todas las cámaras fueron desactivadas.

El pedido de intervención ahora está en el Ministerio del Interior, luego pasará a Presidencia y Diputados.


También nos solicitaron verificar, a través de cámaras, si hubo traslado de documentos a otros lugares.
Gladys González,
fiscala.

6.651
millones de guaraníes denuncian como deuda de la actual administración con la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

10.832
millones de guaraníes, aproximadamente, es lo denunciado en torno a falta de transferencia a entes.

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