La fiscala Irma Llano imputó anoche al libanés Assad Ahmad Barakat por el delito de “producción mediata de documentos públicos de contenido falso” y pidió su prisión preventiva.
Asimismo, la agente del Ministerio Público solicita un plazo de seis meses a fin de recabar todos los datos que conduzcan al acto conclusivo.
En horas de la mañana, la fiscala Llano se constituyó en la Corte Suprema de Justicia, donde le entregaron todos los antecedentes completos del caso del libanés Barakat, a quien a pesar de no tener nacionalidad paraguaya le renovaron su pasaporte en abril pasado.
El presidente de la máxima instancia judicial, Raúl Torres Kirmser, ordenó la realización de una auditoría.
La fiscala Llano llegó ayer hasta las oficinas de la Corte, donde solicitó todas las documentaciones relacionadas al caso de Assad Barakat, quien tendría vínculos con organizaciones terroristas donde sería uno de los aportantes, según las investigaciones.
La agente fiscal retiró los expedientes autenticados, así como lo hizo el miércoles en el Departamento de Identificaciones, donde también revisó el sistema informático. Llano informó luego que hoy estaría llamando a declarar al jefe de Identificaciones.
El caso de Barakat saltó a la luz el miércoles cuando el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, anunciaron que el presidente Mario Abdo Benítez ordenó iniciar la investigación sobre la entrega de un pasaporte paraguayo al libanés, en abril de 2018.
Se pudo cotejar que en 1989 Assad fue nacionalizado paraguayo, pero en 2003 la Corte Suprema de Justicia decidió cesarle la naturalización.
Lo que llamó la atención, según Villamayor, fue que el 10 de abril de 2018 la Policía Nacional otorgó un pasaporte paraguayo al hombre, pese a carecer de la nacionalidad.
Por ello, el Ministerio Público inició la investigación a fin de aclarar lo ocurrido.
EVASIÓN. El libanés cumplió una pena carcelaria de más de seis años en el país, por delito de evasión impositiva. También es investigado en otros países por delito de lavado de dinero y posibles vínculos con organizaciones terroristas.
Barakat, supuestamente, estaría relacionado con operaciones irregulares del grupo terrorista Hezbolá en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) y tendría su centro de operaciones en Ciudad del Este, según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), de Argentina.
De acuerdo al informe, la UIF dictaminó en julio de 2018 congelar los bienes de presuntos financistas del grupo terrorista Hezbolá.
El comunicado de la UIF argumenta que “la medida de congelamiento se dictó en ejercicio de las atribuciones legales conferidas a la UIF-AR (...) que facultan a llevar a cabo el congelamiento administrativo de bienes y/o dinero vinculados a las acciones delictivas (...) con el fin de proteger la integridad del orden económico financiero, así como la paz y seguridad internacional, conforme a normas y estándares internacionales”.