La fiscala Liliana Zayas imputó al oficial ayudante Rodi Javier Rivas Román, quien presta servicios en la Comisaría 2.ª Metropolitana, por “lesión corporal en ejercicio de sus funciones públicas, cohecho pasivo”.
El caso tiene que ver con la privación de libertad que sufrieron Ronald Rolón y un compañero de Rolón en la madrugada del 1 de abril, tras la jornada de protestas que se originaron por la aprobación irregular de la enmienda constitucional en el Senado.
Mientras se retiraban del lugar, los jóvenes fueron interceptados por agentes policiales y fueron agredidos tras ser obligados a tirarse al suelo. Luego de este incidente pasaron por la Plaza Uruguaya y la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde se refugiaron por un momento.
Posteriormente se retiraron del lugar con dirección al vehículo de Rolón, para poder regresar a sus domicilios, pero esta vez fueron interceptados por cascos azules, quienes los llevaron a bordo de una patrullera donde comenzó la extorsión por parte de los efectivos.
Lo más grave es que el joven fue apartado de su amigo y subido a un automóvil particular, donde siguió el pedido de G. 4 millones de coima a cambio de su libertad. Finalmente, como no tenía esa suma, tuvo que entregar G. 1.400.000 mediante la ayuda de un amigo, familiares y otros, que debieron colaborar para llegar a esa cantidad.
Otros casos de detenciones ilegales se registraron entre el viernes 31 de marzo y 1 de abril tras las protestas que terminaron con el atropello de la sede del PLRA, donde los policías mataron al joven Rodrigo Quintana. Por este caso está procesado el suboficial Gustavo Florentín.
