Trabajadores de la Asesoría Jurídica del ente estatal se desplazaron en la semana hasta la dependencia fiscal a brindar toda la información requerida, un movimiento que también involucró a la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), donde se cambiaron los cheques provenientes de los créditos fraudulentos.
El principal sospechoso de los hechos punibles es Albino Bareiro, quien se desempeñaba como jefe del Centro de Atención del CAH de San Pedro del Paraná, en el Departamento de Itapúa, cuando se otorgaron los préstamos de forma irregular. Sus subordinados de entonces, Aldo Barrios y Nenelio Ocampos, también forman parte de la investigación, ya que los tres integraban el Comité de Créditos que autorizaba el desembolso de dinero sin consentimiento de los prestatarios.
El fiscal del caso, Éver García, explicó que imputó a las tres personas por estafa, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, con base en la declaración de los pobladores que denunciaron la falsificación de sus firmas para desembolsar un dinero que no solicitaron y al que tampoco accedieron al concretarse el desembolso desde la institución, lo que además representa un daño patrimonial.
De acuerdo al agente fiscal, varía, sin embargo, la responsabilidad de la conducta, pues según el Manual de Funciones y Manual de Créditos del CAH, Albino Bareiro, como jefe de la oficina regional, sería el principal autor de los hechos, más aún durante el 2020 y 2021.
“En la época de pandemia se le atribuyó muchas funciones a Albino Bareiro, porque lo que hacían los técnicos, hacía él nomás también, entonces él hacía todo el trabajo y por ahí la otra persona ni siquiera estaba enterada, pero eso va a salir seguramente durante la investigación”, mencionó García.
Pero, sobre Bareiro pesa también otra causa por apropiación a raíz de la denuncia de otra persona que le entregó dinero para pagar una cuenta, pero la transacción nunca se realizó.
Daño Patrimonial. Las primeras denuncias por estafa se realizaron en julio del año pasado, mes en que el jefe del Centro de Atención de San Pedro del Paraná fue separado del cargo. A partir de allí se hizo una auditoría interna que determinó un faltante de 240 carpetas de clientes con todos los antecedentes y documentos que respaldan los trámites crediticios, posteriormente se abrió un sumario contra los tres ahora imputados.
“Según las investigaciones que ellos hicieron, hay un faltante que podría rondar los G. 2.500 millones”, dijo el fiscal acerca de las respuestas que dieron en la última semana los funcionarios de Asesoría Jurídica, aunque en las unidades 1 y 2 que están a cargo de García aún no ingresaron todos los casos que corresponden a este elevado monto.
En una de las unidades se registraron denuncias por casi G. 154 millones y los afectados se siguen presentando.
Como consecuencia del sumario, Bareiro fue desvinculado de la institución mediante la resolución N° 04 del Consejo Directivo del CAH, pero aún no se hizo responsable del dinero desembolsado y cuyo destino todavía se desconoce. Por su parte, Barrios y Ocampos siguen cumpliendo funciones en el ente estatal.
Campaña electoral. Las denuncias muestran que los créditos se otorgaron principalmente entre el 2018 y 2021, periodo que coincide con la prolongada campaña electoral de Bareiro para llegar a la intendencia de San Pedro del Paraná. Todo el pueblo lo conoce por los mitines políticos que realizaba y por presentarse como un “facilitador” a la hora de conseguir préstamos a pobladores, que generalmente son rechazados en el sistema financiero.
En sus redes sociales exponía las actividades que hacía como precandidato de Concordia Colorada, conformada por los movimientos Colorado Añetete y Honor Colorado para las internas municipales del 2020 y que se postergaron para el año siguiente debido a la pandemia, hecho que también prolongó la campaña de Bareiro, mientras estaba al frente del CAH, ente que se conoce como “banco’i” en la zona.
Podrán acceder a nuevos créditos
El Crédito Agrícola de Habilitación informó sobre los procesos que llevó adelante de forma interna ante las denuncias de estafa y determinó liberar a los denunciantes de las cuentas atribuidas, hasta el esclarecimiento de los hechos.
“Se ha implementado un procedimiento interno de manera a que los créditos denunciados como no auténticos, hasta tanto se obtenga el resultado de la investigación de parte de la Fiscalía, puedan ser excluidos de la base de datos de clientes en situación de mora y, por ende, de forma inmediata, los afectados recuperan la condición de sujetos de crédito con la institución, de modo a optar, en caso de ser requerido o solicitado, a nuevos préstamos y proseguir así con sus respectivas actividades económicas”, detalló la institución.
Mariano Cubilla y su hijo Fermín son algunos de los afectados. Ambos se encontraron con la sorpresa de que se habían desembolsado G. 25 millones para cada uno, sin su consentimiento. Ellos suelen solicitar apenas G. 5 millones cada año para cubrir los costos de producción de sésamo. Figuran además una persona con discapacidad y una adulta mayor con tratamiento oncológico.