13 jul 2026

Fiscalía imputa a 18 transportistas por cobro irregular de subsidio

El fiscal Yoan Paúl López imputó este martes a 18 personas vinculadas a 6 empresas del transporte público por el cobro irregular del subsidio estatal con constancias y certificaciones falsas de las unidades. Se investiga un perjuicio de más de G. 13.000 millones.

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El fiscal Yoan Paúl López presentó la imputación contra los empresarios del transporte. Foto: Ministerio Público

La denuncia sobre el cobro irregular de subsidios por parte de empresas del transporte público fue presentada hace dos años por el viceministro de Transporte, Agustín Encina. El fiscal Yoan Paúl López tuvo a su cargo la investigación.

Tras varias diligencias, el agente del Ministerio Público imputó este martes a 18 empresas vinculadas a 6 empresas del transporte público, por los hechos punibles de documentos públicos de contenido falso, estafa y adquisición fraudulenta de subvenciones.

Los procesados de la Línea 34 Ciudad de Limpio son: Juan Agripino Gómez Rivas, Carlos Darío Jara Gómez, Elias Miguel Ángel Gómez Gaona y Gustavo Adolfo Gómez Alfonso.

También se abrió una carpeta fiscal contra Julio Santacruz Torres Gómez, Oscar Rufino Torres, José Osmar Torres Cañete y Julio Marcelo Torres Torres, de la Línea 36 Campo Limpio SA

Por otro lado, de la Línea 58 Capiatá S.R.L. resultaron imputados: Edgar Ignacio Jiménez Ayala, Roberto Fernando Jiménez Ayala, Víctor Hugo Jiménez Ayala y Myrian Graciela Jiménez Ayala.

El fiscal también imputó a empresarios de la Línea 203 y 110 Cerro Koi SA: María Teresa Quiñonez de González y Roberto Rolón Cáceres. Asimismo, de la Línea 232 Ciudad de Villeta SA fue imputada su propietaria Nora Mercedes Sánchez de Méndez.

Finalmente, de la Línea 454 empresa 3 de Febrero SA resultaron imputados Claudio Concepción Arias, Darío Arnaldo Arias Amarilla y Oscar Ramón Fariña González.

Según la investigación, se estima que un total de 123 buses presumiblemente irregulares de un parque de 259 habilitados, fueron beneficiados con el subsidio con la presentación de constancias y certificaciones falsas del año de fabricación de los ómnibus como una de las irregularidades.

“Con ellos se ha producido un efecto relevante en el ámbito jurídico y público en la concesión errónea de permanencia en la vía pública prestando servicios y con ello finalmente la relación jurídica más relevante entre las empresas de transporte y el Estado Paraguayo, con relación al otorgamiento del régimen de subsidio”, señala parte de la imputación.

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